Estado de desprotección

A menudo acude últimamente a mi cabeza una frase de Garbiñe Biurrum, Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia Vasco. La jueza dijo que un estado incapaz de garantizar los derechos básicos de los individuos que lo componen es un estado fallido.

Un amigo mío matizó entonces a través de Twitter que ni mucho menos se trataba de una falta de capacidad, sino de voluntad. Que los dirigentes actuales (y los anteriores, y los de más atrás) no deseaban que el Estado Social y del Bienestar se impusiera a la injusticia generada a raíz de eso que llaman crisis económica y financiera. Pero mi colega defendía que recursos existían y que el socorrido discurso del recorte en prestaciones sociales por falta de fondos suponía una burda milonga.

No se puede afirmar rotundamente que los políticos que dirigen o han dirigido los designios de este país (al que, como decía Alfonso Guerra, de seguir así “no lo va a conocer ni la madre que lo parió” –pero para mal–) tengan un deseo real de que se generen y perpetúen situaciones de desprotección. Eso supondría aseverar que hacen daño a conciencia y a propósito, y cualquier penalista sabe que el ánimo doloso es la parte más difícil de determinar a  la hora de analizar la conducta delictiva.

Pero lo que sí resulta objetivo es que existen supuestos de flagrante desamparo que afectan a determinados colectivos. Circunstancias que no sólo no son resueltas por el Estado, como es su obligación y su deber constitucional, sino que para colmo son fomentadas e incluso provocadas a través de la legislación. El Capítulo III del Título 1 de la Constitución (esa que a todos los políticos les gusta tanto nombrar) dice muchas cosas referentes a los derechos económicos y sociales de los españoles. Todas ellas son papel mojado y resulta imposible reclamarlas jurídicamente debido a como está configurada nuestra Carta Magna. En verdad, queda a la libre voluntad del legislador y sobre todo del gobernante el grado de interés que se tome a la hora de garantizar condiciones de vida digna para los ciudadanos.

Aunque existen múltiples ejemplos, me voy a centrar en uno que me parece especialmente relevante. Se trata de la desprotección que sufren las personas que padecen cáncer o problemas de salud de especial gravedad, sobre todo mientras se encuentran en situación de desempleo. Al drama personal que supone contraer una enfermedad que pone en riesgo la propia vida se une aquí el hecho de que se produzca después de la pérdida de un trabajo, imposibilitando a la persona para insertarse de nuevo en la vida laboral. Un vendaval de vulnerabilidad que sopla por los dos costados, con fuerza suficiente para derribar al más pintado.

Muchos pensarán que es entonces cuando se activa el resorte del Estado para cubrir las graves necesidades del afectado en cuestión. Que la Constitución consagra a España como un Estado Social que posee mecanismos para paliar las dificultades a las cuales se ven sometidos sus ciudadanos. Sin embargo, esto no es así en este caso ni en muchos otros. El Estado los falla.

El artículo 222.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece que aquel que, estando en el paro, sufriera una enfermedad que le imposibilitase trabajar continuará cobrando la prestación por desempleo. Si el problema de salud no se hubiera solucionado tras agotarla, seguirá en situación de incapacidad temporal (IT). Es decir, dejará de depender del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y su pensión la pagará el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

(Imagen: Antena 3).

Eso, que aparentemente suena a bicoca y a proteccionismo del Estado, se traduce en la práctica en que el enfermo comenzará a percibir 426 euros al mes (el 80% del IPREM), tal y como establece el RD Ley 3/2004. Antes de ese decreto aprobado por el gobierno socialista de Zapatero la cuantía era el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, también una cantidad a todas luces insuficiente, pero algo superior.

Esos 426 euros mensuales constituyen todos sus ingresos para subsistir. Sólo esos. En realidad, algo menos, pues en el caso de que el trabajador (así se le define curiosamente en la ley, aunque, en esa coyuntura, de trabajador tenga más bien poco) padezca un carcinoma o cualquier otra enfermedad que implique tomar medicación, tiene que abonar el 40% de los fármacos que tenga prescritos. Esto es así desde que entró en vigor el RDL 16/2012 (el famoso decreto del copago sanitario promulgado por el gobierno Rajoy).

(Imagen: blogs.lexnova.es).

Es fundamental hacer notar que la diferenciación que hace el precepto entre las personas que enfermaron cuando aún estaban trabajando y las que lo hicieron estando ya en el paro es muy elevada. En el primer caso, una vez que se agota la prestación por desempleo, la persona sigue recibiendo esta misma cantidad. Es decir, el cobro del conocido popularmente como paro se alarga, pero en concepto de pensión por IT. Esta renta normalmente es bastante más elevada que esos 426 euros (aunque no necesariamente, depende obviamente de lo que cotizara la persona en su último empleo).

(Imagen: http://www.diariojuridico.com).

Pero el desprecio legislativo de la Administración hacia estos enfermos desempleados (ahora sí, a todos) no se queda ahí. Cuando acaba su período de IT y el INSS considera que se hallan recuperados, se pueden producir dos situaciones: la primera, que se les aparezca la Virgen y consigan trabajo; la segunda (y absolutamente habitual en España), que no, en cuyo caso podrían tener derecho a cobrar el subsidio para parados de larga duración (de nuevo, 426 euros; artículos 216 y 217 de la LGSS). Puede haber una tercera (la peor de todas y ni mucho menos infrecuente), y es que el afectado no se halle realmente recuperado y haya habido un error en la calificación del INSS, pero de eso hay que tratar más adelante.

En el segundo supuesto, la persona necesita reintegrarse en el mercado laboral, algo nada fácil debido a la especial fragilidad en la que se encuentra tras haber superado una enfermedad tan brutal como es el cáncer, que además es muy probable que le haya dejado secuelas, tanto físicas como psicológicas. ¿Cuántas son las posibilidades de hallar trabajo después de haber estado muchos meses, cuando no años, en el paro y llevando un cáncer a rastras? Desde luego, poquísimas. A mayores, necesita subsistir como cualquier persona y las estreches económicas derivadas del desempleo y de la falta de cobertura del Estado debilitan aún más sus opciones de reintegrarse a la vida laboral.

Pero, por si todo esto fuera poco, el enfermo de cáncer que cobra ese mísero subsidio asistencial tiene que seguir sufragando parte de su tratamiento médico, que en ocasiones será crónico, derivado de la propia enfermedad o de las secuelas, nada infrecuente. En efecto, a veces la persona que ha sufrido cáncer tiene que tomar medicinas para el resto de sus días. Y pagar el 40% de las mismas, según el Decreto del copago sanitario ya mencionado. Este sólo excluye de la aportación a cuatro colectivos. Y entre ellos no está el de las personas enfermas que perciben pensiones contributivas (aquellas que se cobran por haber cotizado), independientemente de que sean muy exiguas (426 euros) y de que su situación sea tan dramática como el haber sufrido cáncer.

Por lo tanto, y resumiendo: una persona que haya trabajado durante diez, quince, veinte o treinta años, haya sido despedida durante la crisis y haya contraído una enfermedad de larga duración como el cáncer recibe del Estado 426 euros al mes además de estar obligada al pago del 40% de sus medicinas.

Beatriz Figueroa durante la huelga de hambre que realizó en 2013.

Esto que suena tan infame, cruel e injusto no es una película de terror, sino una situación real como la vida misma, dura y cruel, que sufren o han sufrido un número importante y desconocido de personas en España. Si bien ahora se ha agravado, hay que señalar que siempre ha habido una desprotección en este sentido, pues el INSS siempre ha sido tremendamente reticente a la hora de otorgar la incapacidad permanente, aunque sea revisable. Existen múltiples ejemplos de resoluciones absolutamente descabelladas procedentes del INSS en las que se considera que una persona goza de la salud adecuada para trabajar cuando realmente ni mucho menos es así. Sin embargo, hasta hace bien poco esta grave problemática ha permanecido casi en la sombra, siendo conocida pero ignorada por la mayor parte de la ciudadanía, salvo por los propios perjudicados (beneficiarios según la ley) y los más cercanos a ellos.

Es precisamente una de esas personas quien ha hecho posible que este asunto tenga mayor visibilidad del que ha tenido hasta ahora. Se llama Beatriz Figueroa, en 2011 se le diagnosticó un carcinoma del que ha sido intervenida en tres ocasiones y es la responsable de que yo esté escribiendo este artículo así como el próximo que publicaré, el cual versará sobre su lucha y la respuesta recibida por parte de los diferentes estratos de la sociedad.

Ahora me centraré únicamente en la iniciativa jurídica que Beatriz ha puesto en marcha con muchísimo sacrificio, pensando no en ella, pues desafortunadamente nada ni nadie puede ya impedir que su enfermedad haya significado precariedad, sino en que ninguna persona tenga que pasar por el mismo infierno económico, lo cual la dota de más valor si cabe.

Esta abogada y periodista viguesa ha conseguido que se vaya a debatir en el Congreso de los Diputados (dentro de la Comisión de Empleo y Seguridad Social), como Proposición no de Ley, una propuesta redactada por Javier Cabeza, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en la que se introducen modificaciones a la Ley General de la Seguridad Social. Todos sus esfuerzos hubieran sido baldíos de no haber sido por Olaia Fernández, diputada del Grupo Mixto (perteneciente al BNG), que ha sido quien ha llevado la propuesta hasta la Cámara Baja. Aún no se sabe cuando se debatirá, pero en teoría será de forma inminente, aunque los diputados llevan posponiéndolo desde hace semanas. Fernández también la presentó como Proposición de Ley para que sea debatida en el Pleno del Congreso. Ha sido tomada en consideración, pero aún no hay fecha para su debate.

En la citada iniciativa se propone que a partir de ahora los enfermos de carcinoma obtengan la incapacidad permanente (revisable) tras la finalización del período de incapacidad temporal siempre que aún hubiese pendientes revisiones médicas espaciadas en seis meses, pues en esos casos se entenderá que aún no se ha producido una curación definitiva. También se recoge el derecho a la reserva del puesto de trabajo para el trabajador que hubiera sido diagnosticado de cáncer, con independencia del tiempo que transcurra hasta la curación. De la misma forma, el Gobierno se obliga a elaborar un reglamento en el cual establezca preferencias y reservas de puestos de trabajo para todas las personas que hayan padecido carcinoma, con el fin de que se reintegren profesionalmente.

El motivo por el que se ha restringido la proposición a los enfermos de carcinoma es “por el protocolo médico que existe”, según aclara Beatriz. “Hay un riesgo de recaída y una periodicidad en las revisiones que permite determinar hasta cuando se puede conceder de oficio la incapacidad permanente”.

Sin perjuicio de esto, creo que existen enfermedades que conllevan un proceso de recuperación largo al que también sería extensible por analogía esta propuesta, en el caso de que finalmente se tradujera en revisión normativa (para lo cual queda mucha tela que cortar).

(Imagen: http://www.euribor.com).

Bajo mi punto de vista, esta proposición resulta insuficiente, aunque supondría un paso adelante en el caso de que se llevara a cabo la modificación que contiene. Entiendo que el problema subsistiría, ya que la injusticia de base radica en que la cuantía que les corresponde a los enfermos desempleados durante el tiempo de incapacidad temporal es absolutamente irrisoria (426 euros) e insuficiente para llevar una vida independiente y en unas condiciones económicas dignas. En el hipotético caso de que la proposición tuviera éxito, esas personas seguirían teniendo como única renta mensual durante 18 meses (plazo máximo de la IT) la “tarifa plana” (como la denomina irónicamente Beatriz) de 426 euros. Sin olvidar que de ese dinero hay que restar el gasto de los medicamentos. No obstante, “mejor eso que nada”, reconoce la propia artífice de que ahora al menos las personas que estén o vayan a estar en el futuro en esta situación tan crítica tengan una cierta esperanza en que les sea reconocida una protección de la que ahora carecen.

Claro que para ello los representantes que han sido elegidos democráticamente por el pueblo español deben convertir la propuesta en una verdadera respuesta legislativa.

En este punto soy tremendamente escéptico, aunque he de reconocer que la fe que tiene Beatriz me ha hecho pensar que tal vez lo consiga. Probablemente no porque la cúpula de los partidos políticos que controlan férreamente a los señores diputados y dirigen su voto y sus debates políticos estén por la labor, sino porque alguno de estos últimos, tal vez con algún familiar enfermo de cáncer, entienda que la legislación actual conduce al desamparo, a la pérdida de toda autonomía económica y, en el peor de los casos, a la exclusión social y a la muerte en circunstancias penosas. O simplemente reaccionen favorablemente porque se vean desbordados por la presión mediática, aunque para ello hace falta que los medios de comunicación se impliquen muy en serio con esta cuestión. Y, sobre todo, que la gente sea consciente de la grave injusticia. Que repare en el hecho de que España cada día está más cerca de países como Estados Unidos, donde la protección social brilla absolutamente por su ausencia y queda a merced de seguros privados de salud o de planes de pensiones en entidades financieras.

Firmas en apoyo de la petición de Beatriz Figueroa.

Por el momento, Beatriz ha conseguido convencer a más de 360.000 personas para que apoyen su petición a través de la plataforma change.org. El objetivo es llegar a la cifra de 500.000 y, aunque cuando comenzó parecía una utopía, ahora es muy probable que se pueda conseguir con un impulso más a la hora de difundirla. Sin embargo y como ella misma dice, el camino está siendo muy duro y plagado de decepciones a todos los niveles. Pero esta dimensión social del problema la trataré en el próximo artículo, porque merece un espacio aparte.

Beatriz va a entregar personalmente a los grupos parlamentarios todas las firmas conseguidas hasta el momento. Iba a hacerlo el jueves 3 de abril (hasta el punto de que había cambiado dos pruebas médicas que tenía programadas para poder viajar a Madrid), pero el lunes recibió un sorprendente correo en el que se le informaba de que los diputados se quedaban esta semana en sus respectivas circunscripciones.

No obstante y pese a la importancia de los apoyos por Internet, la verdadera clave de la cuestión es que la ciudadanía ha de ser consciente, sin exageraciones ni tibiezas, de que la Administración prácticamente los abandonaría si cayeran enfermos de cáncer, dándoles apenas unas migajas, los restos de los desperdicios del flamante Estado del Bienestar. Ese mismo concepto con el que se les llenaba la boca a los políticos antes de que fuera derruido por los sucesivos gobiernos, especialmente el actual, que han sido incapaces de entender su función y de priorizar las verdaderas necesidades. Al contrario, han entrado a degüello, practicando tajazos discrecionales, sin ningún tipo de criterio, con arbitrariedad desmedida. Han pensado que la solución para hacer sostenible ese régimen de protección social es dejarlo bajo mínimos. Hacer que cubra de forma levísima las situaciones de necesidad y actúe como una especie de salvavidas de los extremadamente desesperados, pero de una forma absolutamente pírrica e insuficiente para su reinserción en la vida laboral activa. Si no que se lo digan a Beatriz, quien, tras haber cotizado veinte años, ahora se ve percibiendo la Renta de Inserción Activa (como no podía ser de otra manera, 426 euros, su “tarifa plana”). Aunque al menos ahora puede expulsar un breve soplido de alivio, pues por fin está dentro de uno de los colectivos excluidos del copago sanitario, así que, tras treinta meses pagando el 40% de los mismos, se ve por fin liberada de esa carga, aunque no de las demás, ni por supuesto de su enfermedad.

La conclusión de todo esto es que los más vulnerables son los que más sufren el brutal desmonte de ese Estado del Bienestar, que hoy por hoy en España no es más que un contenedor de sobras en el que tienen que rebuscar los dependientes, los pensionistas, los desempleados y, en el caso que nos ocupa, los enfermos de cáncer. El Estado que, por incapacidad o falta de voluntad de sus dirigentes, no protege a sus ciudadanos más vulnerables. El Estado fallido.