Abandonados por España

Digamos que se llama María y tiene veinte y pico años. Procede de una región del norte de España y pide limosna en las calles céntricas de Valladolid. Llegó hace una semana. “A ver si aquí encuentro algo de trabajo”. Su vida, de nómada errante, se va consumiendo sobre el asfalto en los mejores años de su juventud. Porta varias bolsas consigo, donde transporta sus pocas pertenencias. Ropa, alimentos que varían aleatoriamente, unas mantas y el cartel donde solicita de forma austera a los transeúntes “una ayuda para comer”, dándoles las “gracias” por anticipado.

No tiene sustento familiar detrás. “Con mi familia estaba todavía peor que sola, por eso me fui”. Trabajaba desde los 15 años en empleos temporales y precarios, sobre todo en el sector de la hostelería y del mar. Un día no encontró nada. Sólo la correspondían unos meses de prestación por desempleo, porque debido a su edad y a las ilegalidades no le había dado tiempo a cotizar demasiado. “En mi zona es habitual cotizar por muchas menos horas de las que realmente haces, o incluso trabajar sin contrato, desde hace muchos años. Ya sucedía antes de la crisis”, me comenta esbozando una sonrisa de circunstancias.

Después del paro, ¿qué ofrece el Estado para las personas que carecen de cualquier tipo de medio económico propio? Si hay familia con unos ingresos mínimos –muy mínimos– absolutamente nada. En caso negativo, como le sucede a María, teóricamente existen las rentas mínimas de inserción, con su diferente denominación y regulación en cada comunidad autónoma. En Castilla y León por ejemplo se llama Renta Garantizada de Ciudadanía. El discurso oficial vende que se trata de un recurso asistencial del Estado para garantizar que las personas que se encuentran en situaciones de extrema necesidad tengan la oportunidad de insertarse en la sociedad.

Sin embargo, un análisis no demasiado exhaustivo contradice por completo tal descripción.

El primer problema surge porque mucha gente, incluso los que consumen información habitualmente, desconocen por completo la existencia de este tipo de ayudas. No digamos ya los que las necesitan, quienes muy probablemente se hallen bastante desvinculados de los medios de comunicación o de la sociedad informativa en general. Bastante tienen con pensar en poder comer todos los días. Sin embargo, no es el caso de María, que desde que se ha visto forzada a esta penosa situación, ha hecho todo lo que está en su mano para resolverla, incluido informarse de todo lo que le pudiera corresponder.

(Imagen: ABC).

Resulta francamente incomprensible que en un país donde el nivel de pobreza es alarmante y creciente no exista un mayor nivel de conocimiento de la ciudadanía respecto a estos temas. Por supuesto que los medios tienen mucha culpa –aunque algunos periodistas sí que hablan de vez en cuando de estas cosas, a buen seguro incómodas y desagradables para la línea editorial de sus grupos— pero también las personas, que habitualmente hacen casi nada para tener un mínimo de información sobre realidades que no son las suyas hasta que no ven las orejas al lobo. Es un rasgo más de la insolidaridad que aqueja a la mayoría del pueblo español, la cual ya puse de relieve en “No es solidaridad todo lo que reluce”. No obstante, el problema de fondo radica en la educación, y, por ende, la mayor culpa de esa desinformación es del Estado. Debería ser una obligación enseñar en las escuelas el catálogo de prestaciones que ofrece la Administración, aunque estén mal configuradas y no sirvan en absoluto para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, tema del que ya hablé en “Estado de Desprotección”.

En segundo lugar, las mencionadas pensiones, que podríamos denominar de último recurso, son espectacularmente complicadas de solicitar. Requieren de una ingente tarea a la hora de reunir la documentación. La propia página web del Servicio Público de Empleo Estatal, en un irónico arrebato de sinceridad, lo advierte y recomienda pedir la ayuda de un trabajador social. Como por ejemplo ha hecho María. El consejo va dirigido a personas que tengan un mínimo nivel de cultura burocrática o que estén acostumbradas a hacer lo que vulgarmente se denomina papeleo (“trámites complicados para un ciudadano medio”, dice el portal). Lo cual quiere decir que aquellas que carezcan de esos conocimientos, como suele suceder con las personas en riesgo de exclusión social (no así en el caso de María, por quien siento cada vez más admiración a medida que avanza nuestra conversación), la complejidad de la solicitud es bastante similar a la que implicaría la resolución de problemas de álgebra avanzada.

Pero las trabas para el acceso a las rentas mínimas de inserción tienen una tercera vertiente. Y es la más determinante. Se trata de su configuración jurídica. La regulación de las condiciones para su otorgamiento da la impresión de estar hecha para que, quien las acabe recibiendo, haya pasado previamente por un calvario. Como si esa fuera la forma que tiene la Administración de asegurarse de que esas personas están absolutamente desahuciadas. Se exige un año mínimo de residencia legal en la comunidad donde se solicita la ayuda, dado el carácter autonómico de la ayuda. Además, el mismo período previo de empadronamiento, si bien este segundo requisito tiene algunas excepciones. El primero no. Es decir, si una persona como María se desplaza a otra región con la voluntad de encontrar trabajo, dado que en la suya es complicado, se le deniega toda clase de ayuda por carecer de domicilio legal en Castilla y León. Descartada de primeras. Aunque se halle en una situación desesperada. Así se lo comunicó la asistente social que la ha guiado desde que arribó a la capital del Pisuerga. La sin razón del Estado español de las autonomías llega hasta este extremo de absurdez y despropósito.

Sin embargo, que nadie piense que María hubiera percibido la renta inmediatamente en el caso de que se hubiera quedado en su localidad de origen. El tiempo de espera para la concesión de estas ayudas oscila en función de la comunidad autónoma donde se soliciten. En Castilla y León, tres meses. Ese es el plazo legal. Pero como la Administración Española desoye e incumple reiteradamente cualquier obligación a la que se haya comprometido –mientras exige el cumplimiento escrupuloso de todas a sus ciudadanos– se suele retrasar aún más.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, y la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos. (Imagen: almohajir.es).

Dicha demora machaca definitivamente cualquier atisbo de energía, que de por sí no sobra en las personas que requieren de esta protección económica diseñada para las situaciones desesperadas. Una trabajadora social a la que he consultado y que prefiere que no cite su nombre me aclara que la Junta resuelve bastantes meses después de lo que fija la ley.

¿Qué solución adopta la Administración durante ese período para compensar este incumplimiento? La Autonómica absolutamente nada. En Castilla y León es la Administración Local (diputaciones y ayuntamientos) la que se echa sobre sus espaldas el peso de los miles de dramas y concede lo que se conoce con el nombre de Ayudas de Emergencia Social. Sin embargo, como la capacidad económica de estos organismos municipales o provinciales es bastante limitada, es Cáritas quien adelanta en primera instancia el dinero de estas ayudas. Por lo tanto, es esta organización no gubernamental, financiada por aportaciones privadas, tanto de particulares como de la Iglesia, quien se hace cargo de los desamparados en las coyunturas de urgencia. No la Administración.

Pero las incongruencias en la configuración de estos recursos asistenciales no acaba aquí. Uno de los requisitos para acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León es “no residir, con carácter general, en centros que atiendan las necesidades básicas de subsistencia”. Es decir, que en el momento que una persona carece de techo y se ve obligada a dormir de forma habitual en un albergue municipal (“viviendas u otros recursos residenciales de apoyo a la inserción para transeúntes e indomiciliados”, se especifica concretamente) se ve privada de esa mal llamada renta mínima de inserción. Como María está pernoctando en uno de esos “recursos residenciales” se le denegaría la ayuda. Por lo tanto, el espíritu de la norma determina que con esa concesión de alojamiento, además de las prestaciones alimentarias (comedores sociales), una persona ya tiene lo estrictamente necesario para subsistir.

Entrada al comedor social de Valladolid. (Imagen: promecal.es).

Lo que subyace de fondo es que esa clase de asistencia económica se creó pensando en unidades familiares que se hayan quedado sin derecho a percibir cualquier otra prestación pública y hayan permanecido en el mismo lugar de residencia. En personas con riesgo de ser expulsadas de la sociedad, no en las que ya lo han sido. No está destinada para ciudadanos que, por diferentes circunstancias, ni mucho menos extrañas, carecen de apoyo familiar –gracias al que llevan subsistiendo cientos de miles de personas desde hace años– y sufren posteriormente el abandono del sector público. Es el claro ejemplo de María, cuyos progenitores eran cocainómanos y convertían la convivencia familiar en un infierno. “Me maltrataban psicológicamente y, mientras tuve trabajo, al menos podía mantenerme yo sola, pero, sin ingresos propios, no podía depender de ellos”. Sin embargo, y por terrible que pueda parecer, la legislación determina que una persona con dichos antecedentes familiares no tiene derecho ser beneficiaria de la ayuda en una comunidad de España diferente de la suya, mientras que, en el caso de haberse quedado en su región de origen, se hubiera visto obligada a residir en su inhabitable domicilio familiar o a alquilar una vivienda, y a esperar un número indeterminado de meses para recibirla.

No obstante, tampoco hay que pensar que las rentas mínimas de inserción son la panacea. Aunque una persona en riesgo de exclusión social –no la que ya está excluida, como es el caso de María– superase todos los obstáculos y aguantara estoicamente hasta la resolución (y que esta fuera favorable), la planificación de la prestación es tan lamentable que casi provoca la risa.

La cuantía es ridícula. Suele ser el 80% del IPREM (426 euros) para el titular, aunque también existen complementos en función de las circunstancias que concurran en la unidad familiar. La media por familia en Castilla y León, según los últimos datos publicados por la Junta en relación a 2013, fue de 542 euros al mes. Cantidad a todas luces insuficientes para llevar una vida con una mínima calidad en un país como España, no digamos ya para buscar la inserción en el mercado de trabajo. Sirven para no morir de frío y hambre. Poco más. Pese a ello, hay muchos beneficiarios. En la comunidad castellana y leonesa más de veinte mil, tal y como se recoge en el último estudio. Lo cual quiere decir que hay muchas familias en una situación tremendamente delicada a nivel económico-social, aunque hoy parezca que no hablar de recuperación implique ser un enemigo de la patria. Pero ese debate no lo quiero tratar ahora aquí.

Por lo tanto, ha quedado expuesto que el Estado reniega de las personas que se encuentran en situaciones de extrema pobreza y hace todo lo posible para que no le cuesten ni un solo euro en ayudas económicas, renunciando también a proporcionarles cualquier tipo de medio para su reinserción en la sociedad, ni siquiera en la de la precariedad a través de la que sobreviven día tras día millones de españoles.

Y es que de no ser por la caridad de instituciones, fundaciones y personas anónimas, realmente sí que podría haber en España muertes derivadas de la hambruna. Existe una cierta leyenda popular que ha calado muy hondo en la conciencia colectiva española: “En España nadie pasa hambre y frío porque el Estado lo impide”. Como casi todas las leyendas, tiene una parte falsa. Cierto que la Administración Local proporciona a las personas que viven en la indigencia los servicios de comedor social y de albergue municipal. Pero no se puede olvidar que sería impensable que los primeros pudieran funcionar correctamente de no ser por instituciones privadas como el Banco de Alimentos. Como tampoco es posible pasar por alto el hecho de que el papel de los voluntarios -que trabajan de forma totalmente altruista- es igualmente imprescindible.

Un grupo de voluntarias en el comedor social de Valladolid. (Imagen: noticiascastillayleon.com).

Por otra parte, para su acceso se exigen una serie de requisitos, que básicamente consisten en visitar a un asistente social (municipal o de Cruz Roja), quien tiene que certificar la ausencia de rentas económicas y otros aspectos para expedir un vale. “El primer día en Valladolid no pude ir al comedor social, porque no tenía los papeles hechos”. Por otra parte, hasta hace dos años en Valladolid el servicio no se daba por las noches, ni durante el desayuno, ni los domingos en todo el día, aunque por fortuna dicha laguna se corrigió cuando se comprobó que la demanda empezaba a ser muy acuciante. A toro pasado, como casi todo lo que se hace en España.

En cuanto al alojamiento, en realidad el albergue municipal sólo está concebido para dormir en él, pues únicamente se puede estar de diez de la noche a ocho de la mañana. “Tantas horas en la calle se hace muy duro, sobre todo si hace frío. Yo antes no lo pensaba, pero una vez que lo experimentas, es muy duro”, remarca mientras esboza un gesto que se lleva de un plumazo mis pocas intenciones de ser aséptico. Entonces recuerdo otro mito popular, también bastante difundido: “los mendigos viven en la calle porque les gusta, ya que son incapaces de integrarse en la sociedad y cumplir sus reglas”. De ahí que a María no le quede más remedio que estar en la calle y suspirar cada minuto para que los transeúntes vallisoletanos se compadezcan de ella. En general, tiene muy buenas palabras respecto al trato recibido. “Una señora me ha invitado a ir a su restaurante algunos días, también hay voluntarios que vienen y reparten caldos o café –se refiere a la Red Incola– y luego está lo que me da la gente que pasa”. De hecho, antes de mantener esta charla se estaba comiendo un sándwich que alguien le había comprado.

Antiguo Hospital Militar, complejo donde se aloja el albergue municipal de Valladolid. (Imagen: Último Cero).

Por todo lo expuesto, resulta evidente que existen personas que no reciben ni un solo euro del Estado y que, al igual que María, únicamente viven de la beneficencia. La Administración los abandona, simple y llanamente, y su red asistencial es tan mínima que ni siquiera cubre ni en un cincuenta por ciento las necesidades de alimento y alojamiento, las cuales se satisfacen gracias a la generosidad de los particulares.

Es complicado conocer cuantas personas se hallan en la situación de esta chica que, en la flor de la vida, se ha visto obligada por diferentes circunstancias a ejercer la mendicidad. El puro azar que determinó que esta joven naciera en un ambiente sin oportunidades, tal vez a la misma hora y el mismo día en el que otra lo hacía en otro punto de la geografía española, con el camino más o menos allanado desde el principio. Hoy la segunda, bien vestida, aseada y perfumada, penetra por el portal sobre cuyo banzo de entrada me he sentado para conversar con la protagonista de esta historia. Me pide muy educadamente con una sonrisa llena de dientes blancos que me retire, al tiempo que María, desde el suelo, mira al frente sin mostrar del todo su dentadura agrietada y ennegrecida.

Aquella no tiene más culpa de su privilegiada situación que María de su desgraciada posición. Pero ambas viven separadas por un abismo, debido a una mera circunstancia determinada por la fortuna y que el Estado no quiere (algunos sostienen que no puede) corregir. Se trata de la demoledora realidad social, alimentada por la inflexible ley capitalista del libre mercado y la concepción actual de la vida en España como una prueba de obstáculos para los más vulnerables. “Muchos se extrañan cuando ven a una chica joven como yo pidiendo en la calle. Yo intento explicarles que no soy la única y que hago todo lo posible por salir de esta situación, pero no siempre me creen”.

(Imagen: Red Incola).

María muestra una sonrisa quebrada cuando nuestra conversación toca a su fin y me repite que ella no se conforma ni mucho menos con estar así, sino que su objetivo es encontrar un trabajo. De hecho, ya ha contactado con varias personas que le han ofrecido la posibilidad de hacer entrevistas para trabajar como limpiadora o como comercial, si bien no le han asegurado nada ni le han detallado las condiciones. Tiene que hacer una entrevista primero.

Me despido deseándole que el próximo día que vaya a buscarla no la encuentre allí. Será un signo de que al menos el pueblo español continúa realizando el ajuste, en este caso mucho más invisible que el que se ve en las cifras oficiales; ese esfuerzo por mejorar las cosas que no realiza la Administración. Es un triste consuelo, pues la caridad privada no es ni mucho menos la solución para un problema público del que se tienen que responsabilizar los políticos, pero ahora mismo es el único palo al que agarrarse en tanto en cuanto sigan gestionando el país los mismos partidos políticos y organizaciones que lo han ido degradando hasta la deshumanización. Consolidando una legislación incapaz de solucionar la pobreza. Estableciendo pactos que protegen a los de su camada, en cada caso de un color, y olvidando todo lo demás, imbuidos por discursos demagógicos. Contribuyendo decisivamente con sus acciones y decisiones de chiringuito a que se multiplicara el número de “Marías”.

Sin embargo, la responsabilidad última la tenemos los ciudadanos españoles. Es un tema de conciencia colectiva, de despojarse de los prejuicios, las leyendas falsas y las estériles guerras partidistas e ideológicas. La única forma de que esta horrible coyuntura no se institucionalice o incluso continúe empeorando es que caigamos en la cuenta de que vivimos en un Estado que nos hubiera abandonado miserablemente si hubiésemos nacido y vivido en las mismas circunstancias que cierta chica a la que dedico este insuficiente y probablemente incompleto artículo. Digamos que se llama María.

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