Bufandas de lujo

Escribo sobre un tema que estos días ha vuelto al candelero, aunque no es ni mucho menos la primera vez que se comenta. Se trata de las popularmente conocidas como bufandas, o lo que es lo mismo, gratificaciones extraordinarias que pueden recibir los empleados públicos por haber realizado servicios especiales o fuera de su jornada laboral. No se trata de horas extraordinarias, sino de una especie de recompensa que en principio se otorga a trabajadores de la Administración Pública por llevar a cabo determinadas labores que, por su contenido o el momento en el que se llevan a cabo, no son las habituales, pese a estar dentro del desempeño de su función pública.

Esto así enunciado echa un tufo a pescado rancio que tira para atrás. Se parece mucho a una cajonera gigante en la que cabe absolutamente todo lo que no sea posible meter en los conceptos salariales ordinarios. Es el instrumento perfecto para el regalazo y tentetieso a los amigotes máxime al estar bendecido normativamente. Pero también es cierto que, si su utilización no es discrecional y está debidamente identificado el motivo que las genera, sirven para justificar pagos extraordinarios a profesionales que en determinados momentos realizan tareas específicas que han de ser reconocidas monetariamente.

Aunque la sospecha sobre lo inapropiado de estas regalías ha planeado históricamente sobre todas las Administraciones Públicas de España –he encontrado una noticia de 1985 en la Hemeroteca de El País que se refiere al pago de bufandas llevadas a cabo por el entonces gobierno de Felipe González por importe de 1.000 millones de pesetas–, el tema está especialmente hirviente en Castilla y León.

El grupo socialista de la comunidad lleva meses pidiendo a la Junta que publique la lista de los funcionarios que cobran estas retribuciones extraordinarias y sus cuantías. El gobierno de Juan Vicente Herrera ha rechazado en varias ocasiones cumplir lo solicitado aduciendo diferentes razones, a cada cual más surrealista, y ofreciendo argumentos contradictorios. Esto ensancha más si cabe la sombra de la duda, que, como la del ciprés, resulta ya muy alargada. Salvo que tenga algo que ocultar, no se entiende que la Junta se empeñe en meter debajo de la alfombra los datos sobre las bufandas, de no ser que estas estén proporcionando excesivo confort a sus destinatarios y resulten muy innecesarias ahora que calienta con fuerza el manolo por las tierras de Castilla.

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León (Imagen: eldiario.es).

La denuncia que hacen el PSOE y la Junta de Personal se basa en la supuesta arbitrariedad absoluta de la concesión de estas prebendas. Según aquellos, el gobierno del PP las otorga como si fuera un profesor que reparte caramelos a los niños más empollones y que le hacen la pelota con mayor frecuencia y mejor tino. Dice el procurador socialista Pedro González que, a excepción de algunas que encuentran sentido por las especiales labores que realizan sus beneficiarios –puso entre otros el ejemplo de los guardias forestales que extinguen incendios–, la mayor parte de estas recompensas no encuentran justificación más allá de pagar favores a las personas de confianza de los cargos políticos.

Se habla sobre todo de conductoras y sus homólogos masculinos, así como de secretarios y sus iguales femeninas. Personas muy cercanas a los mandamases de la Junta y cuya percepción de estos sobresueldos según los denunciantes desnaturaliza por completo la previsión legal. Bajando más al lodo, se ha llegado a afirmar que el chófer de Pilar del Olmo, Consejera de Hacienda, cobró bufandas por importe de 31.425 euros en 14 meses (entre diciembre de 2011 y febrero de 2013), tal y como publicó el medio digital Último Cero, quien también ha informado sobre el cobro de gratificaciones que parecen bastante desproporcionadas por parte de otros empleados de la Junta, normalmente vinculados a los altos cargos. Por ejemplo, el chófer del Consejero de Presidencia habría cobrado 4.200 euros cada trimestre de 2012 al margen de su nómina, mientras que una persona adscrita al secretariado de la misma consejería habría percibido más de 3.000 euros semestralmente, entre otros casos.

José Antonio de Santiago Juárez y Pilar de Olmo, consejeros de Presidencia y Hacienda, respectivamente. (Imagen: http://www.ppcyl.es).

La conclusión que extraigo después de haber hablado con varias personas que conocen bien la Administración por dentro y de haber recopilado ingente información sobre el tema es que estos sobresueldos efectivamente se cobran en algunos casos como compensaciones por los servicios prestados en virtud de la estrecha relación de confianza entre el político y el funcionario, lo cual da pie a pensar que sirven para mantener la fidelidad de dichos empleados o, en el lenguaje de los sindicatos, para “callar bocas”. No obstante, otras veces se perciben por el desempeño de labores especiales o la realización de horas fuera de la jornada laboral, en consonancia con lo que recoge la ley. Otra cosa es que esta norma sea adecuada, máxime ahora que el piloto de alarma sobre la corrupción política se halla disparado entre la ciudadanía. Por otra parte, me han asegurado que en algunas consejerías se han limitado las cuantías de las bufandas con respecto a lo que se pagaba en otros tiempos de menor control y de más manga ancha.

Dicho esto, pienso que el PSOE y la Junta de Personal cometieron un error bastante grosero cuando denunciaron en su rueda de prensa de principios de semana el cobro de bufandas generalizando su uso como prenda extraordinaria que abriga a chóferes que conducen coches con ya de por sí buena calefacción y a secretarias (curioso machismo verbal en el que incurrió Pedro González, procurador de un partido que lleva por bandera la igualdad entre sexos). Resulta evidente que no todos los trabajadores públicos que ocupan dichos puestos reciben tales cantidades de forma arbitraria e injustificada. De acuerdo con que González y los representantes de la Junta no se expresaron en términos absolutos, pero al hacer una referencia genérica provocaron que cualquier empleado que ocupe dichos puestos esté bajo el paraguas de la observación y la sospecha, lo cual puede resultar lesivo. Hay que ser más prudente.

Pedro González, procurador socialista, flanqueado por dos representantes de la Junta de Personal. (Imagen: Último Cero).

En cuanto a lo que piensan los propios interesados, he sondeado que a los trabajadores de la Junta de Castilla y León no les molesta demasiado la existencia de bufandas, incluso hay una percepción mayoritaria de indiferencia sobre el tema. En términos globales, el funcionario de a pie no tiene conciencia de que sean escandalosas ni vergonzosas como señala la oposición. Sin perjuicio de ello, el concepto en sí mismo no causa ninguna simpatía entre los empleados públicos que no las cobran, porque entienden que podrían servir para fomentar el clientelismo, aunque la sensación general que he sacado es que la mayor parte de los trabajadores de la Junta desconocen realmente quienes las reciben, en concepto de qué y si son de muy alta cuantía o más bien modestas y razonables.

Existe por tanto un oscurantismo evidente sobre el tema que desde luego no resulta demasiado edificante para la imagen de la Administración, ni habla demasiado bien de su transparencia. Máxime cuando existe obligación de publicarlas en los tablones de anuncios de cada consejería, eso sí, sin dar nombres y apellidos concretos, pero sí desglosando la cuantía por centros directivos y especificando los puestos que se benefician de las mismas. Algo que al parecer sí se ha hecho en algunas ocasiones, pero en muchas otras ha habido sospechosos olvidos así como una extraña celeridad a la hora de retirarlas de los lugares visibles, lo cual ha impedido que los datos fueran debidamente recopilados.

En este sentido, el gobierno de Juan Vicente Herrera se equivoca gravemente con su actitud, pues aumenta la sensación, hasta convertirla casi en certeza, de que estas bufandas provocan más confort del debido a algunos empleados. Estos no deben ser muchos, a tenor de la información publicada y de lo que comentan los empleados públicos sobre el tema, pero sí que componen un club selecto cuya existencia en los tiempos que corren de recortes y sufrimiento para muchos ciudadanos resulta sencillamente execrables.

Edificio de Presidencia de la Junta de Castilla y León. (Imagen: Carlos Arranz).

Por ello, creo que el PSOE y los sindicatos recogen una cuestión muy interesante y que desde luego ha de ser esclarecida, aunque la emplean como arma arrojadiza con tintes absolutamente partidistas para atacar al PP y no para actuar como justicieros de los empleados públicos de la Junta, que tienen al parecer preocupaciones bastante más importantes que estas particulares prendas de abrigo (aunque, visto el secretismo con el que se tratan y su potencialidad para generar despilfarro y regalos vergonzantes, tal vez deberían comenzar a tener al menos una alta curiosidad por ellas).

Como dije al principio, la previsión legal de estas gratificaciones, máxime tal y como está concebida, es como una llamada a la selva, en la que ya se sabe que siempre se llevan la caza más suculenta los que están cerca del fuerte. Se deberían regular de una forma mucho más escrupulosa y por supuesto articularlas con una absoluta y escrupulosa exigencia de transparencia. En eso, que es lo sustancial, sí coincido plenamente con el PSOE y la Junta de Personal. Pero ya se sabe que en este país la claridad en la gestión pública resulta en demasiadas ocasiones tan extraña como una bufanda a finales de mayo.

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Una respuesta a Bufandas de lujo

  1. Alberto EV dijo:

    Algunas puntualizaciones:

    1. Las “gratificaciones por servicios extraordinarios” están previstas precisamente para remunerar las horas extraordinarias o cualquier servicio prestado fuera de la jornada laboral.
    Lamentablemente, las horas extraordinarias no se pagan nunca. Y lamentablemente también, esas gratificaciones por servicios extraordinarios tienen fama (desconozco si inmerecida o no) de servir fundamentalmente para compensar los esfuerzos, laborales o no, de algunos empleados públicos. Estos pagos se conocen con el nombre coloquial de “bufandas”, y según los más perversos, “tapabocas”.

    2. Existe la obligación legal de publicar los nombres de los empleados públicos y las cuantías que han recibido en concepto de “bufandas”, pero esa publicidad queda restringida al ámbito de la correspondiente Consejería. Es decir, se deben publicar, por ejemplo, en el tablón de anuncios de la Consejería, pero no en los medios de comunicación.

    Por otra parte, los representantes sindicales de los empleados públicos tienen derecho a acceder a esa información siempre que lo deseen. Ninguna Consejería debería negarse a proporcionar dicha información.

    3. Discrepo de que exista “indiferencia” entre los empleados públicos hacia la escasa información relativa a las bufandas. El destino de los fondos públicos es un tema que interesa, como funcionario y como ciudadano, sin embargo existe un desconocimiento generalizado sobre las cuantías de las bufandas y la identidad de sus perceptores.
    Si bien, reconozco que entre los funcionarios existe cierta desidia, y en muchos casos estoicismo puro, ante el hermetismo oficial sobre cualquier dato de funcionamiento interno, pero también hay que entender que, si a un trabajador le llevan congelando el sueldo una legislatura entera y de vez en cuando le quitan una paga extra, estas ocultaciones no pueden parecerle sino ‘peccata minuta’.

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