Normas anormales

Las normas son ese conjunto de reglas por las cuales una sociedad regula las actuaciones de sus miembros en diferentes ámbitos. A veces contienen derechos, facultades o posibles vías de actuación para lograrlos, pero habitualmente prescriben límites, establecen las zonas por las que los ciudadanos deben moverse. Si no se respetan, acarrean una sanción, en teoría proporcional y encaminada a corregir la conducta desviada del sujeto. Según la teoría democrática, este grupo de prohibiciones han sido dadas por el propio pueblo para su propio control en beneficio de la comunidad, aunque no hayan sido elaboradas directamente por los integrantes del mismo. Los representantes legítimamente elegidos las imponen y los ciudadanos las aceptan o consienten.

Esto que suena tan lógico e incluso deseable para el buen funcionamiento de cualquier sistema encierra muchísimos aspectos bastante repugnantes que hablan bien a las claras de la anestesia general con la que afrontamos la vida en sociedad. No hay análisis de ningún tipo, simplemente se acata todo, a veces con resignación estoica y otras renegando de ello, pero generalmente se cumple e incluso se justifica, reconociendo su supuesto efecto bondadoso para la colectividad.

Nos levantamos de la cama y desde que abandonamos el reino (relativamente) libre de reglas de nuestra morada, empiezan las imposiciones, las exigencias, las trabas…  Amparados en la necesidad de conseguir una normal  y pacífica convivencia social, nos cuelan multitud de dictados estúpidos que sólo tienen como objetivo controlarnos y hacernos dóciles.

Por poner uno de los ejemplos más flagrantes (y al que tal vez algún día dedique un monográfico), a nadie le resulta raro que una persona que trabaja para una empresa privada a la que la Administración paga por gestionar el servicio de ordenación y regulación de aparcamientos en la vía pública, tenga la facultad de sancionarnos con una cantidad abusiva si cometemos la gravísima infracción de olvidamos poner un papelito en la parte frontal (y visible) de nuestro vehículo. Casi nadie cuestiona la injusticia de semejante expropiación al bolsillo de los ciudadanos, que por cierto reporta una ingente cantidad de dinero a las arcas públicas que nadie sabe exactamente cuánto es ni en qué se emplea, aunque aún hay algo peor: la información al respecto es de todo menos transparente, pero parece ser que algunos ayuntamientos no recuperan el importe que pagan a la empresa concesionaria, pese a la desmesurada cantidad que se recauda. Prácticamente todo el mundo considera un mal menor que exista dicho instrumento confiscador para favorecer la movilidad de los coches y la disposición de plazas para estacionar. Nadie se plantea que tal vez exista otro sistema mucho más razonable, proporcionado y, sobre todo, justo, para gestionar el exagerado parque de vehículos que hay en cualquier ciudad. Y la mayoría de los usuarios entienden que alguien debe controlarlo, pues, de no ser así, nadie lo respetaría, a pesar de que ese alguien no sea policía municipal ni se le haya investido de autoridad pública, pero curiosamente sí de la de multar. Hasta que el susodicho que defendía el criminal invento sufre el despiste y le toca apoquinar la guita. Entonces, a despotricar, a buscar al controlador de turno y a ponerle del mismo color que el chalequito que porta.

Normalmente no somos conscientes de hasta qué punto estamos controlados en esta sociedad supuestamente democrática que tantos residuos conserva del más rancio vertedero dictatorial. Aunque esto no es de ahora, pese a que el clima actual haga parecer que sí. El gobierno publica una ley de seguridad ciudadana y todos los partidos y colectivos de izquierdas se escandalizan y se organiza un rechazo en bloque contra la ya famosa ley mordaza. Sin negar que esta norma vergonzosa trata de restringir la libertad de la actuación de los ciudadanos como posiblemente ninguna otra lo haya hecho en la historia de la democracia, los españoles demostramos con dicha reacción exagerada y partidista la ignorancia que tenemos respecto a las reglas de funcionamiento bajo las que actuamos cada día. Antes de que el lamentable decreto-ley publicado por el ministerio del beato Jorge Fernández existiera, las fuerzas y cuerpos de seguridad ya tenían presunción de veracidad en el procedimiento sancionador (artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). En otras palabras, la declaración de un agente de policía o de un guardia civil recogida en un boletín de denuncia (que puede suscitarse por múltiples causas, basadas en hechos reales o en el hecho de que al uniformado le dé la real gana) siempre ha valido más que la de un ciudadano a la hora de tramitar un expediente por la supuesta comisión de una infracción. La palabra de la autoridad ya estaba por encima de la del ciudadano antes de la ley mordaza, pero parece que nos acabamos de caer del guindo. Sin embargo, todavía hay un multitudinario número de pánfilos defensores de la máxima “si te han puesto una multa, será que algo has hecho” (mientras no me la pongan a mí, claro; en ese caso, será injusta). Como si los policías fueran una especie de seres mitológicos casi infalibles que sólo van a ejercer su potestad represiva y coercitiva cuando la situación justamente lo requiera. Los nuevos dioses de la justicia, mucho más honestos y ecuánimes que los vengativos y desviados seres humanos. A nadie se le ocurre pensar que esa facultad discrecional de la que (repito, siempre) han gozado los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad es un arma peligrosa al servicio del poder, idónea para reprimir, ya no sólo la libertad de expresión de los ciudadanos, que parece que es lo que está de moda poner de relieve, sino más allá de eso, el libre albedrío en su sentido más amplio.

(Imagen: El Mundo).

Sigo bajando al nivel más cotidiano, que es el que me interesa poner de relieve, y llego a otro ejemplo escandaloso. El de las prohibiciones a la hora de realizar cualquier tipo de acto en la vía pública. Casi todos los Ayuntamientos de España han dictado ordenanzas de seguridad ciudadana (nuevamente la excusa de la seguridad, cuando en realidad son de control ciudadano) en las que, nuevamente apoyados en el hipotético bien común, hincan el diente a cada resquicio de libertad de los parias que transitamos sobre el asfalto día tras día. Si alguien se pone a tocar con una guitarra y a cantar se le requiere la documentación y se le expulsa si no ha pedido previamente la preceptiva autorización, si alguien desea proporcionar información de cualquier tipo, bien sea repartiendo papeletas o por cualquier otro medio (por ejemplo colocando un stand, por pequeño que sea), los guardianes del control acuden inmediatamente como si hubiera una amenaza de bomba y entrevistan al presunto infractor sobre cualquier aspecto de la actividad, recaban todo tipo de datos para redactar su informe y de ese modo fichan, etiquetan, clasifican y fiscalizan los movimientos de las gentes para que aquellos que dirigen el cotarro tengan conocimiento de los mismos.

Pero si nos salimos del ámbito vigilado por los agentes del orden público, también existen normas que, además de suponer una merma absoluta de la libertad ciudadana, rayan en la estupidez más memorable. Últimamente he conocido varios casos de personas que se encontraban en situación de baja laboral debido a lesiones de poca importancia pero que les impedían realizar la actividad; personas a las cuales se les ha impedido desplazarse fuera de la provincia del centro de trabajo mientras durase el período de incapacidad temporal. No existe en la legislación laboral y de la Seguridad Social artículo alguno que prescriba tal memez, y además es incoherente con el espíritu del ordenamiento jurídico, pero al parecer se trata de una norma que impone el Instituto Nacional de la Seguridad Social desde siempre. Yo debía ser uno de los pocos imbéciles que aún no la conocía, porque, comentando el tema con la gente, casi todos se sorprendían de mi desconocimiento. Iluso de mí, yo estaba convencido, aplicando el sentido común que debería guiar siempre al Derecho (eso explican en la Facultad), que sólo se puede impedir a una persona (que no ha cometido un delito) moverse libremente si existen motivos de orden o seguridad públicos que así lo justifiquen (abanico, por cierto, amplísimo; otro de los grandes cajones de sastre de la represión ciudadana). He escuchado múltiples justificaciones de esta medida (siempre por parte de los que no la sufren, obviamente), a cada cual más preocupante por el autoengaño y el afán de sestear con felicidad que implican. Dado que no se pueden hallar causas médicas, porque que en estos supuestos no se prescribe reposo, el argumento para vestir de lógica la absurdez es la necesidad de hallarse localizable, como si marcharse de la provincia supusiera partir hacia los confines de la galaxia; como si el que se encuentra impedido temporalmente para currar de pronto se convirtiera también en una especie de delincuente con libertad condicional. En vez de orden de alejamiento, se pauta de acercamiento. El INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y las mutuas, que son los organismos que aplican estos criterios de “arresto provincial” heredados del franquismo, advierten al trabajador de que será sancionado y se quedará sin prestación de incapacidad en el caso de que salga de las fronteras pautadas y le suceda cualquier percance que empeore su recuperación médica. Es decir, que si me pegan una paliza en Palencia, a 48 kilómetros de Valladolid capital, y agravan la lesión del hombro debido a la cual estoy de baja, más me vale que no se enteren los que me pagan la prestación, pero si las hostias como panes me las reparten en Urueña, provincia de Valladolid, a 55 kilómetros de la ciudad del Conde Ansúrez, entonces sólo tengo que preocuparme de los huesos que me hayan partido, pero la cuenta corriente no se resentirá. Aún peor. Si da la casualidad (hoy en día, casi lo habitual) de que el trabajador curra en un lugar donde no reside su familia y en el que está más solo que la una, tiene que rogar al INSS o a la mutua de turno un permiso (que en muchos casos no se concede) para que le deje cambiar de residencia, a fin de que las revisiones se hagan en la nueva localidad, con el efecto perverso que se puede generar si por ejemplo el convaleciente necesita apoyo para realizar alguna de las funciones cotidianas de la vida, o si llega Navidad y se le prohíbe pasarla los suyos (cosa que de hecho ha sucedido en los casos que conozco). El sinsentido llevado al máximo extremo. Alguno pensará que soy un demagogo o un manipulador, porque en realidad los órganos antes mencionados no impiden al trabajador desplazarse, sino que sólo le comunican las funestas consecuencias que tendría para él hacerlo y padecer un infortunio durante su rebeldía. A estos les respondería que la amenaza es una prohibición velada, y que en realidad resulta aún más efectiva, porque atemoriza y amedrenta al sujeto.

(Imagen: ABC).

Todos estos ejemplos que he puesto sólo forman parte de una enumeración ni mucho menos exhaustiva y por supuesto no cerrada. Pero es una buena muestra de hasta qué punto está condicionada la supuesta libertad de la que creemos que disfrutamos. Y eso por no subir hacia escalafones más relevantes, pues entonces se queda reducida hasta la mínima expresión. No sólo en los niveles más elevados de corrupción política y abuso de poder se observa la degeneración del sistema democrático. Para mí, es todavía peor la intromisión de la autoridad y de los poderes públicos en el nivel más cotidiano y sencillo. Y eso no tiene nada que ver con la crisis ni con otras gaitas. Ha sido así desde siempre. Y, como somos imbéciles, yo el primero, así seguirá. Tal vez no nos merecemos otra cosa, dado que, para colmo, consideramos normales toda esta serie de coacciones y restricciones. Somos la rehostia. Fabricamos las tijeras con las que nos cortan las alas, pagamos por el servicio y encima damos la razón al podador.

Ale, a brindar con champán, que ya llega Navidad (eso sí, en casita, no sea que te multen por hacer botellón).

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