Nómadas por alquileres

Se me ha venido a la cabeza un programa de televisión, no recuerdo exactamente cuál, pero en cualquier caso emitido no hace demasiado tiempo, en el que se hablaba sobre la configuración del mercado inmobiliario español. Uno de los puntos que se analizaban era la extremada preponderancia de la propiedad sobre el arrendamiento, algo que no sucede en ningún país de nuestro entorno. Hace unos días, en el mismo sentido, leí que tan sólo el 13% de las viviendas radicadas en territorio español están ocupadas en régimen de alquiler.

Podría tirarme varios artículos escribiendo sobre los motivos que provocan esta circunstancia y comentando el descarado favoritismo histórico que el ordenamiento jurídico español ha otorgado a la venta de inmuebles en relación al alquiler. Otros tantos poniendo ejemplos de cómo se ha vendido tradicionalmente la compra de una casa como la aspiración ideal de todo español medio. Infinidad de ellos dando vueltas sobre lo beneficioso que resulta esta situación para un colectivo de personas, no necesariamente ricos, desde luego no pobres, pero sí capitalistas, especuladores y astutos, que hacen su agosto gracias a esta filosofía consentida y fomentada por los diferentes gobiernos que ha tenido España.

Sin embargo, me quiero centrar sólo hoy en un aspecto que evidencia el absoluto desinterés, cuando no desprecio, del legislador español y de los poderes públicos por el arrendamiento y las personas que eligen recurrir a él para formalizar la tenencia de su hogar, o se ven obligadas a ello. Quiero reiterar esa palabra tan fundamental: hogar. Me estoy refiriendo a la morada, a la vivienda habitual, al lugar donde reside la familia, con independencia del número de miembros por los que esté conformada.

Tal concepto implica por su misma naturaleza estabilidad y permanencia. La vocación de la inmensa mayoría de las personas es establecer con fijación rotunda su residencia principal en un mismo lugar durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, en España tal cosa es absolutamente incompatible con el régimen de alquiler, tal y como está definido en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y otras normas relacionadas.

La única mínima protección que el legislador otorga al arrendatario se extiende a los primeros tres años del contrato. Tampoco es que la seguridad sea excesiva, pues el arrendador aun así tiene dos posibilidades para largar al inquilino: una, que acredite fehacientemente que necesita la vivienda para sí o sus familiares en primer grado de consanguineidad o por adopción. Por ejemplo, que a los papás se les antoje que uno de sus niños veinteañeros estudiantes o recién casados ostenten una de sus dos, tres o cuatro casas para que no sufran las fatigosas y lastimeras consecuencias de la hipoteca.

La otra posibilidad radica en que simplemente al propietario se le ponga en los bemoles venderla, porque los precios y la demanda han subido y quiere sacar rendimiento a su inversión especulativa de hace años, si bien tendrá que indemnizar al arrendatario con la cantidad de un mes por cada año que reste hasta el vencimiento del contrato —si así se ha pactado—. Es decir, con tres meses de renta como máximo, cantidad a todas luces desproporcionadísima que coarta sin ningún género de duda a cualquier propietario a la hora de enajenar una de las fincas con las que cuenta en su modesto patrimonio inmobiliario.

Antes ese período estaba fijado en cinco años, pero el ejecutivo actual decidió acortarlo en 2013 con la idea de flexibilizar el mercado de alquiler, es decir, con el objetivo de que los propietarios pudieran tener cuanto antes la libertad de echar a patadas al arrendatario de su casa. Bueno, alguno pensará que en realidad es la casa del dueño, y de ahí la lógica de tan amplia facultad, ya que el titular del derecho real de propiedad puede hacer lo que le venga en gana con el objeto. Disiento completamente de esa opinión simplista y fanática de la propiedad privada, pero no me apetece ahora entrar en este debate de tintes ideológicos. De todas formas, eso mismo es más o menos lo que ampara y casi sacraliza la legislación española.

Y es que, una vez que se superan esos tres primeros años, la norma no establece ni siquiera la exigencia de indemnizar al inquilino. Se puede haber fijado como estipulación en el contrato, claro está. Pero no es lo usual. La única limitación escasísima reside en la teórica obligación de mantener al arrendatario dentro del piso, trasladable incluso al nuevo propietario, si aún quedan algunos meses para que venza la prórroga en vigor —en este tipo de arrendamientos de larga duración es extraño que se haya negociado un nuevo contrato, lo normal es que se haya ido prorrogado anualmente debido a la confianza en una relación de tantos años—. Sin embargo, esto sólo es así en el caso de que el contrato esté inscrito en el Registro de la Propiedad, algo que ni muchísimo menos es lo habitual, pues un buen puñado de estos propietarios obvian ese trámite a fin de no declarar la renta que perciben y ahorrarse sus buenos euros en impuestos. Además de especuladores, defraudadores. La cultura del capitalismo español en su máxima esencia.

En definitiva, la licencia para vender del dueño es la misma que tiene James Bond para matar. En algunos casos, tampoco hay tanta diferencia entre un acto y otro. Podemos pensar en personas ancianas que llevan residiendo diez, quince o veinte años en la misma vivienda, pagando religiosamente su renta, confiando en que el arrendador, fuera aparte de consideraciones emocionales o humanas, va a valorar más la percepción de esa cantidad mensual segura con la que ya ha rentabilizado con creces lo que le costó en su día la vivienda, que la ambición de sacar un puñado de miles de euros de una tajada transmitiéndosela a un tercero.

Pensemos en septuagenarios, y de ahí para arriba, que por sus bajos ingresos, imposibilitados para acceder a una hipoteca, o debido simplemente a su preferencia por el alquiler, decidieron en su día adquirir su vivienda con este régimen. Expulsados a tan avanzada edad de su piso, obligados a dejar su entorno de siempre, de meterse en una mudanza que les va a implicar sufrimiento físico y psicológico de todo tipo, arrancados de su hogar. Su vida sesgada de pronto, a una edad en la que por ley natural sólo merecen y necesitan tranquilidad.

Fuera aparte de este trauma emocional, siendo más prosaicos, hay que pensar en otra dificultad añadida con la que estas personas se pueden encontrar después de tantos años. Es muy posible que no logren encontrar una vivienda de renta igual o inferior a aquella que pagaban. La lógica dice que los alquileres de larga duración, pese a los incrementos que han podido sufrir debido a las subidas anuales del IPC, son más baratos, en muchos casos bastante más, que aquellos que se pactan de cero.

Por otra parte, hay que considerar el dinero que se debe emplear para realizar la mudanza. Lo ordinario, por no decir lo constante en todo caso, es que esas familias de avanzada edad tengan que recurrir a una empresa para trasladar sus pertenencias al nuevo lugar, ya no digamos si se trata de muebles pesados o de complejo montaje, pues en este último caso incluso personas jóvenes deberían echar mano de servicios profesionales. El coste puede perfectamente ascender a dos mil euros. Hay que recordar que hablamos por lo general de familias con bastantes limitaciones económicas. Esto puede obligarles a buscar un piso amueblado y desprenderse de todas o la mayor parte de sus cosas, para evitarse ese elevado gasto. Recuerdos perdidos, memorias vertidas al contenedor y la sensación de derrota y fracaso son las únicas cosas que se llevarán a cuestas a su nuevo hogar.

Un nuevo hogar que en cualquier caso podría no ser el definitivo. La espada de Damocles seguirá encima de ellos eternamente, mientras duren sus vidas. Una treintañera, tal vez con hijos, pensará con desazón en la cantidad de desplazamientos que se verá obligada a realizar en lo que le resta de vida, presumiblemente aún larga, aunque tampoco estará segura de si la actual inestabilidad del mercado laboral no le conducirá a moverse antes de que lo determinen los caprichos de su casero. Un matrimonio en sus cincuenta, probablemente con personas ancianas a cargo y también quizá con post adolescentes, de esos que no entienden porque todavía no se pueden beneficiar de la excelsa recuperación de De Guindos y Montoro, se plantearán que al polvorín habitual de su casa le resta una batalla menos por librar, pero que no será la última vez que les toque ir al frente. Es posible que unos viejecitos octogenarios sean algo más optimistas y valoren que, si sobreviven a este desahucio, se hayan muerto antes de tener que encarar otro más.

No he cometido un error a la hora de emplear el vocablo desahucio. Efectivamente en términos jurídicos no es correcto usarlo para definir la situación a la que me refiero, pues no hay un impago de por medio. Precisamente por eso creo que la causa por la que se echa a la persona de su morada, sin justificar ni mucho menos la de la imposibilidad de hacer frente a la renta, es aún más insultante. Un desahucio, y además ruin, únicamente legitimado por el deseo del propietario de enriquecerse aprovechando los favorables movimientos del mercado o sus necesidades de obtener algún producto de lujo. Aspiraciones sin embargo completamente acogidas por el espíritu de nuestro ordenamiento jurídico y probablemente asumidas positivamente por el conjunto de la sociedad española, educada en el capitalismo inmobiliario absoluto, sin restricciones.

En efecto, aquí tienen los partidos que presumen de ideología de izquierdas una manifestación burda, pura y desalmada del capitalismo y de sus efectos más indeseables. Ya que en su discurso aseguran que quieren crear una sociedad más justa, sin abusos por parte de los poderosos y en la que todo el mundo tenga derecho a unas condiciones dignas de vida, tienen una buena forma de demostrarlo proponiendo una reforma seria y concienzuda de la regulación del mercado inmobiliario, fomentando la durabilidad del alquiler, los derechos de los arrendatarios y restringiendo la libre disposición de los propietarios. Eliminando la parca Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, absolutamente proclive a la flexibilización del alquiler, más aún desde la reforma de 2013, y dictando una nueva normativa mucho más detallada y garantista para el inquilino de vivienda habitual.

Esto lo lanzo obviamente como el que habla con la boca llena sabiendo que nadie le va a entender. Ninguna esperanza tengo siquiera en que la ciudadanía admita un cambio tan brutal en su sacrosanta mentalidad del derecho de propiedad de la vivienda a toda costa, menos aún ahora que parece que muchos se han olvidado del terremoto y aprovechan la engañosa bajada de los grados en la escala de Richter para volver a la locura de la compra y la venta de inmuebles con precios desorbitados e hipotecas a treinta años. Aún menos espero que lo hagan los políticos, aunque sean de izquierdas. La izquierda real, la de los postulados económicos que buscan limitar la propiedad privada y el libre mercado, no existe en España, es una falacia que se vende como humo en los discursos. Nada cambiará.

España seguirá siendo un país de orgullosos propietarios potencialmente desahuciables por circunstancias sobrevenidas, de especuladores de vidas y de un pequeño ejército de nómadas guerreros en alquiler siempre temerosos de ser llamados a filas, dispuestos a coger el petate, la cantimplora, la bandolera y la mochila para desplazarse hasta el próximo conflicto. Suplicantes de que en el próximo frente les dejen quedarse y conservar alguna victoria, aunque sea a destiempo. Rogando para que sus sueños de hogar no se vean nuevamente cortados de raíz.

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