El acuerdo de la miseria

Se firmó entre la Unión Europea y Turquía el pasado viernes. No he bautizado el pacto así en referencia a la estrechez o pobreza extrema que pasan los refugiados, aparente razón de ser de las negociaciones. Aquí lo que me interesa es otra acepción de miseria. Según la RAE, condición de miserable, adjetivo con el que se define a la persona ruin y canalla.

En su último acto de cobardía y bajeza moral, la UE ha tirado de la forma más rastrera de hacer política, la que hace primar los intereses creados o encontrados sobre cualquier otra cosa, para convencer al gobierno turco de que aceptara sus condiciones.

Estas tienen su eje en la repatriación de todos aquellos inmigrantes que pisen suelo griego (puerta de entrada a Europa desde Turquía) a partir del 20 de marzo y hayan pasado previamente por territorio otomano. La mayoría de estas personas llegan por mar a la isla de Lesbos, tristemente famosa por la cantidad de tragedias acaecidas en/a su costa.

Descoordinación y caos en la Isla de Lesbos tras la entrada en vigor del acuerdo entre la UE y Turquía. (Imagen: El Periódico).

En la práctica, eso significa que los países de la UE se niegan a dejar que permanezca en su suelo ningún nuevo inmigrante procedente de Turquía, ya sea solicitante de asilo o no, e independientemente de que reúna los requisitos jurídicos para obtener ese asilo. A todos ellos se les considerará inmigrantes irregulares.

Sin embargo, algunos mandatarios de los países europeos, entre ellos el funcionario en funciones Mariano Rajoy, se congratulaban del resultado final del texto, dado que se eliminó del mismo la posibilidad de realizar expulsiones colectivas, principal escollo de la redacción original en cuanto a su ajuste legal. El acuerdo final indica que deberán estudiarse individualmente las peticiones antes de tomar una decisión.

Es pura pamema, un lavado de cara vergonzoso para salvar la ídem. En la práctica, todas esas solicitudes serán denegadas, ya que todas esas personas han pasado previamente por Turquía. Se procederá a realizar expulsiones colectivas enmascaradas. Sin embargo, al introducir ese elemento del análisis uno por uno, se consigue en teoría que encaje con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En segundo plano, está ese otro cambalache, la fórmula llamada 1:1, en virtud de la cual Grecia en teoría se compromete a aceptar un refugiado (sirio, los de otras nacionalidades ya si eso mañana) por cada expulsado.  Es el colmo de la degradación de la vida humana, como si su valor fuese equivalente al de los elementos de una implacable ecuación matemática, en una vuelta de tuerca al trueque medieval.

Puestos así, no sé para qué hacen falta los gobiernos. Casi es mejor seguir dejando a los pobres muertos de hambre a merced de las mafias privadas, que seguro que saben mejorar esa sosa equivalencia estableciendo contraprestaciones mucho más comerciales que la simple deportación ilegal de un compatriota. Los caminos de la perversión son inescrutables.

En cualquier caso, hay un límite máximo de personas-objetos susceptibles de ser intercambiadas, 72.000. Aunque dicen los ideólogos de esta salvajada que se trata sólo de un número orientativo, que esta medida es temporal y bla bla bla.

Por lo tanto, si uno lee sólo la superficie del pacto, parece evidente que el ejecutivo de Erdogan sale perjudicado, dado que se va a incrementar o en el mejor de los casos a mantener su ya de por sí altísimo volumen de población refugiada (2,7 millones), de modo que, ¿por qué ha aceptado Ankara?

Recep Tayyip Erdogan, presiente de Turquía. (Imagen: AFP/Adem Altan).

La respuesta es múltiple y ahonda más en la miserable intención de las partes firmantes. En primer lugar, la UE se ha comprometido a desembolsar 3.000 millones de euros a mayores de los 3.000 ya prometidos en noviembre, destinados a la atención de esa ingente masa humana a la que trata de asistir a duras penas la administración del país euroasiático. Yo propongo bautizar este sistema como “subcontrata de asistencia humanitaria”.

En segundo lugar, se obliga a realizar inversiones en el país turco, en infraestructuras, sanidad y otras. Además del espíritu de compensación a Turquía, detrás de esta promesa de financiación está el objetivo de acelerar el ritmo de modernización de la nación otomana.

De telón de fondo, la histórica pretensión de Turquía de formar parte de la Unión Europea. Esta es la verdadera madre del cordero. El gobierno de Erdogan –famoso entre otras cosas por su censura a la prensa, incluso aplicando medidas como la detención de periodistas,  y las brutales represiones de las manifestaciones, aunque en esto último el ejecutivo español también podría dar alguna lección que otra– ha visto la oportunidad perfecta para acercarse al que sería el logro más importante para su nación en décadas.

Cualquiera que haya estado en Turquía sabe perfectamente que su nivel de asimilación a la cultura europea es alto o bajo dependiendo del cristal de intereses con el que se mire. Si a la UE le conviene que Ankara sea un aliado eficaz en la lucha contra el terrorismo yihadista y en la contención de la inmigración procedente de países de Oriente Medio, entonces la administración turca va por el buen camino europeísta. Y ahora mismo estamos en ese momento.

Cuando la posición geoestratégica de Turquía en este contexto histórico es tan relevante, a Merkel, Tusk o Juncker les importa bien poco que en el territorio del país vecino a la UE se produzcan violaciones continuas a los derechos humanos –que les pregunten a los kurdos, aunque el gobierno turco replicaría que se defienden de los atentados de aquellos.

Jean-Claude Juncker (Presidente de la Comisión Europea), Ahmet Davutoglu (Primer Ministro turco), Donald Tusk (Presidente del Consejo Europeo) y Mark Rutte (Primer Ministro de los Países Bajos y Presidente Rotatorio de la UE), negociadores del acuerdo, en Bruselas. (Imagen: EFE).

Tampoco les preocupa que no sea un Estado seguro para la integridad física de las personas a las que va a repatriar como si se tratara de un cargamento defectuoso. En este sentido, varias ONG, como Human Rights Watch o Amnistia Internacional ahondan en el deficiente sistema de asilo turco y denuncian que se han producido devoluciones de refugiados a zonas de guerra. Según estas organizaciones, Turquía se parece tanto a ese “tercer país seguro” o “país de asilo seguro” que definen las Directivas 2013/32/UE y 2011/95/UE del Parlamento y del Consejo como un huevo  a una castaña. La propia ONU, timorata e ineficaz, plantea sus dudas.

De hecho, el acuerdo de la miseria no puede ejecutarse sin que Grecia, clave en todo este asunto –quién les iba a decir a los Sócrates, Platón o Aristóteles que su pueblo sería bastante más famoso por el sofismo de estos tiempos que por sus enseñanzas iusnaturalistas– modifique antes aspectos de su ordenamiento jurídico relativos al reconocimiento de Turquía como “país amigo”, por decirlo de un modo entendible y de andar por casa.

Cualquiera que haya estado en Chipre –isla cuyo tercio norte está ocupada militarmente por los turcos– entenderá fácimente que, si esto se produce, tendrá poco que ver con la voluntad de los griegos y mucho con las presiones de UE sobre el gobierno de Tsipras por su millonaria deuda. La animadversión entre Turquía y Grecia es total. Basta pasarse por Nicosia, atravesar la Línea Verde en uno u otro sentido o darse un paseo por Famagusta y observar el distrito costero de Varosha para palparla en el paisaje y en los espíritus soliviantados de sus habitantes.

Pero a los Estados Miembros de la UE les importa poco todo esto si pueden vender estas medidas vergonzosas como eficaces para sellar las fronteras ante sus socios de gobierno más extremistas y los votantes más proclives a la xenofobia, que por cierto no son una minoría, como algunas veces se nos hace creer en los medios de comunicación inundados de buenismo.

De hecho, por una vez, tengo que reconocer que este pacto inmoral e ilegal tiene un amplio respaldo en la opinión pública. Lo detecto en las calles con tanta fuerza como su rechazo. Pero me temo que este último es más leve. Hay algo peligroso moviéndose en España y en toda Europa. Un efecto que se va contagiando como un virus. Se está desatando una oleada de racismo generada por el miedo que alcanza su cresta espumosa en la actitud de los gobernantes.

A todos los que se muevan en esa línea de pensamiento les diría que, además de resultar repulsiva desde el punto de vista ético, es totalmente contraproducente. No estamos ganando en seguridad y protección, sino más bien todo lo contrario. Estamos alimentando el antieuropeísmo, sembrando el odio en varias generaciones de sirios que se lo trasladaran a las siguientes. ¿O acaso esperamos que los nietos de los que se salven del naufragio europeo nos perdonen y se pongan a cantar el Himno a la Alegría de Miguel Ríos junto a nosotros?

No hace falta decir qué consecuencias podrían generarse. Lo que ahora llamamos atentados terroristas perpetrados por fanáticos podrían convertirse en un futuro no muy lejano en actos de guerra generalizados, convirtiendo en horriblemente normales las imágenes de esta semana en Bruselas, precisamente la ciudad donde se ha gestado el pacto. Aunque ahora que me doy cuenta, hay un presidente francés que ya utiliza ese lenguaje.

¿O es que precisamente es eso lo que se pretende?

Dejemos las teorías conspiranoicas para otra entrada menos miserable.

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