¿Todos contra el fuego? (II)

En la primera parte de este artículo me he centrado en los aspectos más tangibles que rodean a los incendios forestales y en la falta de concienciación de la sociedad en general respecto a los mismos.

Si la reacción de la población ante este tremendo drama resulta decepcionante, ¿cómo calificar la de nuestros políticos?

El Presidente del Gobierno en Funciones –con perdón– en su línea habitual de penosa sobriedad realizó hace unas semanas una escueta y patética declaración en la que parecía que se estaba lamentando por lo mal que había jugado el Real Madrid el día anterior. Menos mal que se refería a su tierra natal, Galicia.

En cuanto al gravísimo incendio acaecido a principios de agosto en la isla de La Palma, especialmente dañino porque murió una persona y las casi 5.000 hectáreas quemadas formaban parte de la Reserva Mundial de la Biosfera toda la isla tiene esa catalogación–, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera se limitaron a escribir 140 caracteres o menos para dar el pésame a la familia del agente forestal fallecido. No me consta que Pablo Iglesias dijese algo.

Desconozco cuáles son las agendas de cada uno de ellos o si había otras prioridades más urgentes durante aquellos días, pero un incendio de tal magnitud, que además fue complicadísimo de controlar por las condiciones climatológicas, merecía que algún líder político nacional, no sé si los principales u otros, se desplazaran al territorio canario. A veces un gesto, aunque sólo sea para dejarse ver, es todo lo que la ciudadanía pide a los políticos. Pero ni eso son capaces de entender.

Tampoco sorprende tal despreocupación respecto a estos asuntos por parte de nuestros gobernantes, pues se trata de una actitud históricamente consolidada. Los únicos momentos en los que se interesan por la superficie forestal de España –el 54,8% de su territorio– es cuando acaece un grave incendio y toca decidir qué actuación se lleva a cabo sobre el terreno que ha ardido.

Desafortunadamente, después de la modificación de la Ley de Montes, realizada en 2015 por el actual gobierno en funciones, es posible recalificar la superficie quemada cuando concurran “razones imperiosas de interés público de primer orden”, algo totalmente ambiguo y sujeto a múltiples interpretaciones. Antes de ese cambio normativo, se prohibía variar la calificación del terreno durante los 30 años posteriores al incendio.

Es como una autopista abierta para los especuladores con influencia económica y capacidad de corromper a la Administración Autonómica, máxime si se tiene en cuenta que en España el 70% de los montes es de titularidad privada, algo que a mi entender también es un error histórico en cuanto al tratamiento jurídico de esta materia.

Aparte de esta polémica modificación, el Ejecutivo de Rajoy no ha hecho prácticamente nada en materia de incendios forestales durante estos últimos cinco años, más allá de cambiar el artículo 353 del Código Penal, endureciendo las penas por este delito cuando concurran circunstancias agravantes, de una forma a mi entender insuficiente –de 3 a 6 años de prisión o multa de 18 a 24 meses– y además equivocada, porque en este tipo de crímenes existen otras penas mucho más efectivas que deberían complementar a la privación de libertad o incluso sustituirla, como la obligación de contribuir a la reforestación de la superficie quemada.

Por otra parte, eliminó la competencia que sobre esta materia tenía el Tribunal del Jurado, encomendando el enjuiciamiento de estos delitos a los Tribunales Profesionales debido a “su complejidad inherente”.

Desde la redacción original de la Ley de Montes por parte del gobierno de Aznar, si exceptuamos el paquete de “leyes verdes” de ZapateroLey de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y Ley de Responsabilidad Medioambiental de las Empresas–, no ha habido ninguna voluntad desde el gobierno central de articular una normativa estatal seria y contundente que mejore la protección forestal y la conservación y regeneración de los bosques.

Es verdad que en nuestro ordenamiento jurídico existe en mi opinión una clara equivocación en lo que respecta a esta materia, porque si bien la Constitución Española atribuye al Estado la facultad de dictar la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, las Comunidades Autónomas también pueden asumir muchas competencias en esta materia. De hecho son las CCAA las que se ocupan de las normas sobre prevención de incendios forestales y los agentes forestales son contratados directamente por ellas o a través de empresas privadas.

Esto fragmenta y en mi opinión perjudica la política de actuación sobre la conservación de un bien básico como son los bosques. Espacios cuya preservación tendría que estar muy por encima de las dotaciones presupuestarias o de la filosofía que tenga cada Comunidad Autónoma. Debería ser una lucha nacional, y soy consciente de que les sonará rancio a aquellos que siempre apuestan por la descentralización hasta sus últimas consecuencias, porque creen que eso es más progresista. Flaco favor hacen a la izquierda con esas posturas.

Sin embargo, esta ausencia de exclusividad competencial no es óbice para que desde el gobierno se deban implementar políticas a través de la legislación básica. Y sobre todo, algo aún mucho más importante, no es impedimento para que el asunto sea puesto de relieve en los escenarios mediáticos por parte de las formaciones que ostentan la representación parlamentaria, máxime en el momento actual cuando hay tantísimos programas televisivos que tratan sobre política.

Como no recordaba ni una sola declaración, propuesta o mención reciente relativa a la protección forestal por parte de ningún político, ya fuera expresa o mencionada en algún debate –más allá de las siempre loables intenciones ecologistas de Iniciativa Per Catalunya Verds y Equo, pero ineficaces por su baja representatividad–, me he dedicado a hacer un rastreo por esa ventana indiscreta al mundo llamada Google.

En cuanto a los programas de los principales partidos –he consultado aquellos con los que se presentaron a las elecciones del 20 de diciembre–, es Izquierda Unida la que más espacio dedica a esta materia, algo lógico debido a la tradición verde del  grupo heredero del Partido Comunista. Dedica casi 30 páginas al medio ambiente, mucho más que los programas del resto de agrupaciones, y dos específicas a “Biodiversidad y Paisaje”.

Sin embargo, decepciona sobremanera que a la hora de hacer el diagnóstico sobre las amenazas para la biodiversidad, extendiéndose como es de rigor en el cambio climático, no haga mención a los incendios o a su insuficiente prevención.

Sorprende igualmente que Podemos no haga ni una sola referencia a la mejora de la legislación forestal, dado que el año pasado por estas fechas apoyó la defensa de una política eficaz y de calidad contra el fuego subiéndose al carro de la huelga indefinida que plantearon los agentes de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF).

(Imagen: arainfo.org).

Mediante un texto publicado en su página web se sumaban a las reivindicaciones de estos trabajadores, que reclamaban una mejora en sus condiciones laborales, mejores medios para combatir el fuego y sobre todo el reconocimiento específico de la categoría profesional de bombero forestal en sustitución de la de peones forestales.

A propósito de esto, hay que decir que los agentes del BRIF están contratados por Tragsa, empresa pública perteneciente al Servicio Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por lo tanto, las decisiones del gobierno central sí pueden modificar mucho la forma de tratar la prevención contra incendios, aunque exista la figura del agente forestal dependiente de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, la filial de la formación morada en Extremadura reclamó hace pocas semanas un Plan de Protección Civil ante el riesgo de que acaezcan incendios como el que afectó el año pasado a la Sierra de Gata, además de poner el foco en la necesidad de reducir el tiempo de respuesta de los bomberos, debido a la dispersión geográfica de las poblaciones rurales extremeñas.

Ninguna de estas cuestiones aparece en el texto con el que Podemos se presentó a la cita con las urnas. Debe ser porque en pleno agosto arden hectáreas, pero aquel documento previo a los comicios se hizo cuando ya apretaba el frío.

El programa del PP apenas dedica cinco párrafos a la conservación de espacios naturales y no muestra preocupación alguna respecto a los incendios. Ciudadanos tampoco se extiende demasiado en esta materia. Habla al igual que otras formaciones del impulso a la Red Natura 2000 y de la creación de un fondo para la conservación de la biodiversidad.

Hay que llegar hasta el programa del PSOE para encontrar por fin referencias expresas a la protección forestal en general y a la actuación contra incendios en general. En la línea de lo propuso Podemos antes de las elecciones y al parecer se olvidó de incluir en su programa, los socialistas prometen la creación de un estatuto básico para agentes y bomberos forestales.

Por otra parte, el partido del puño y la rosa indica la necesidad de establecer una política sólida y una estrategia integral para la prevención de incendios e incluso detalla una medida, que a mi entender es fundamental pero que no aparece en los programas de los otros principales partidos: la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.

Lamentable resulta la ausencia de cualquier referencia en los documentos electorales a la política de reforestación fuera aparte de meras declaraciones programáticas. Podemos en el artículo 287 de su programa habla de un Plan de Rescate Ecológico, que define en un párrafo, IU propone un Plan de Reforestación Nacional y Ciudadanos habla de restaurar el Programa de Forestación y Restauración Hidrológica. No existe ninguna medida concreta o plan de actuación específico que verse sobre la replantación de las zonas degradadas.

Una actividad que aparte de sanar las heridas de nuestros montes afectaría positivamente a la creación de un empleo estable, sostenible y socializador, algo de lo que precisamente no anda sobrado este país plagado de precarios urbanitas aislados en una cabina delante de una pantalla. Pero claro, cuesta dinero. Y no es muy popular gastar fondos públicos en plantar árboles. Volvemos aquí a la mentalidad de la sociedad en general.

En este sentido, tengo que decir que me impresionó gratamente el gesto que se adoptó en la gala inaugural de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Todos los deportistas llevaron una semilla encerrada en una cápsula a fin de que se plantaran en Deodoro, una zona que se convertirá en el Bosque de los Atletas y será un símbolo contra la deforestación. De acuerdo que se trató de algo efectista y simbólico, pero me parece que en un escaparate internacional ese tipo de cosas han de hacerse y tienen su efecto mediático, que a fin de cuentas es de lo que se trata.

Columnas donde los deportistas depositaron sus semillas durante la ceremonia inaugural de Río 2016. (Imagen: publinews.gt).

Siguiendo en esta línea, recuerdo perfectamente aquella propuesta que formuló Zapatero en el debate frente a Rajoy de 2008 y de la que se hizo tanta mofa después en los medios y entre la gente. El expresidente socialista prometió que durante la siguiente legislatura se plantarían 45 millones árboles. Se dijo que era una ocurrencia y una medida populista –sí, ya por aquel entonces se utilizaba el tan manido concepto– aunque curiosamente, no sé si con la intención de mofarse, Rajoy la superó poco después, elevando su objetivo a 500 millones de árboles.

A Zapatero se le pueden criticar muchas cosas, pero muchas de sus ideas eran buenas y en concreto esta lo era, fuera aparte de que tal vez fuese demasiado ambiciosa. Distinto es que, como con tantos otros asuntos durante sus ocho años de liderazgo en el gobierno la cosa se quedara en pura retórica y agua de borrajas, porque jamás se diseñó un plan de actuación en condiciones ni se tradujo en algo real. Pero puso en el mapa la necesidad de reforestar, lo llevó a la calle y en ese sentido creo que tuvo mucho valor.

Ya me gustaría que alguno de los partidos actuales tuviera alguna de estas ocurrencias y estuvieran dispuestos a llevarlas a cabo. En este tema todos se igualan para mal, los conservadores, los centristas y los progresistas. La izquierda, por coherencia ideológica, debería encabezar este tipo de iniciativas, pero últimamente bastante tiene con intentar asaltar el poder, algo que no ha conseguido ni siquiera con un PP debilitado, mentiroso, antisocial y  corrupto hasta las cejas.

Al menos hay que reconocer que Podemos recogió en su documento electoral de cara al 20 de diciembre –cuando todavía hablaban de mejorar la sociedad y no de matemáticas– que el derecho al medio ambiente se considerara como fundamental. Más allá de que esto queda muy bien sobre un papel pero en la práctica puede ser mera palabrería, esta es sin duda la filosofía que deberíamos seguir en este país.

Hay miles de razones para considerar la conservación del patrimonio natural como un interés primordial de la ciudadanía. Fuera aparte de las evidentes consecuencias satisfactorias para la población que tienen los árboles –generan oxígeno, proporcionan sombra, etc.– y del impacto fundamental a nivel psicológico que su presencia tiene en los núcleos urbanos, porque reducen la ansiedad y otras sensaciones nocivas, la función más importante que tienen las forestas no se percibe a simple vista, pero es tan vital que de ellas depende en gran medida la calidad futura de la vida humana.

Los árboles son reguladores del clima. Todo el mundo está tremendamente informado acerca del cambio climático por las emisiones de CO2 a la atmósfera que provocan el deshielo de los polos, pero no se habla ni mucho menos tanto de que la destrucción de la naturaleza también influye directamente en el calentamiento global.

Sin ánimo de ser pesado, vuelvo otra vez a sacar a colación la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, donde se reservó un espacio muy importante para ensalzar los valores de Brasil como país verde por excelencia en torno al Amazonas y se puso en conexión con el cambio climático. Una pena que fuera una bonita hipocresía, puesto que la nación carioca está entre los cuatro países más contaminantes por la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación, según Greenpeace.

Imagen de la ceremonia inaugural de Río 2016, donde se representa mediante cintas y un juego de luces el nacimiento de la vida vegetal. (Imagen: lapatilla.com).

Y es que cada árbol que se destruye es un paso atrás en el logro de un objetivo que a mí ya me parece por desgracia una quimera, evitar que la temperatura media del planeta aumente más de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. Cada nuevo incendio es un puñal clavado en las entrañas de esa aspiración.

A muchos les puede importar un bledo lo que suceda de aquí a treinta años porque tal vez piensen que por aquel entonces ya habrán pasado a ocupar un nicho en el camposanto o bien estarán demasiado cascados como para preocuparse, pero aparte del egoísmo de este pensamiento la realidad es que los efectos dañinos se dejarán ver antes. Y en España pueden ser especialmente devastadores.

No somos conscientes de que estos sucesos, aparte de los daños directos que ocasionan en la actualidad, supondrán la desertización de gran parte del país, el aumento de la ya de por sí gravísima sequía que sufren determinadas zonas –con todos los problemas que ello supone en cuanto a la gestión del agua–, la repercusión económica por la dificultad a la hora de conseguir materias fundamentales que extraemos de los árboles, la pérdida de empleos, sobre todo en el medio rural, y el deterioro en la calidad de vida.

De esto último ya nos podemos hacer una mínima idea con los bochornosos veranos que llevamos en la última década –apuntar como dato que 2015, 2011 y 2014, por ese orden, han sido los años más cálidos de toda la serie histórica–. Cómo no, todo esto lo padecerán especialmente las clases medias y bajas.

En definitiva un auténtico desastre, que sobre todo sufrirán las generaciones venideras. Españoles y españolas que jamás conocerán lo que fue este país y que, al escucharnos hablar sobre su riqueza natural, pondrán la misma cara que ponemos ahora mismo nosotros cuando oímos el mito de que hace 2.000 años una ardilla podía atravesar la Península Ibérica de norte a sur sin bajarse de los árboles o, como relataba el gran Félix de la Fuente, un águila sobrevolarla sin dejar de contemplar manto verde.

Y, como canta Serrat en su adaptación de la campaña “Todos contra el fuego”, que fue el punto de partida de este artículo, “esta obra de siglos es para tus hijos y la tienen que heredar”.

Conectando con esta última idea, hay una última razón que nos obliga a actuar urgentemente para solucionar esta situación y que a mí es la que emocionalmente más me llega. Es un motivo si se quiere de cariz filosófico. ¿Qué derecho tenemos nosotros a destruir lo que nos fue dado? Los seres vegetales fueron los primeros organismos multicelulares sobre la faz de la Tierra, con ellos empezó la vida real. Ellos nos preceden, con muchísimos milenios de antelación. No somos nadie para destruirlos. Al contrario, nuestra responsabilidad es protegerlos y darles vida, igual que ellos hacen con nosotros.

A no ser que prefiramos vivir rodeados de un paisaje en el que los únicos árboles que podamos contemplar sean a través de Instagram. O de una campaña de televisión hecha con realidad virtual.

Mientras nos rascamos el bolsillo –si es que hay algo que rascar– para comprar un pingüino de aire acondicionado.

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