Cuando la ley desahucia a los justos

La palabra ley proviene del latín lex, que a su vez deriva del verbo latino ligare (unir, obligar), probablemente con el sentido figurado de unir a una persona a un deber o responsabilidad. Convendría quizá cambiar el término en las sociedades occidentales para no traicionar su etimología, dado que la ley actualmente poco tiene que ver con ese primitivo significado, sino que en realidad es un conjunto de prohibiciones y trabas dictadas por el poder para controlar a sus súbditos.

En la mayor parte de las ocasiones, su promulgación y su ejecución se guían por unos parámetros de conveniencia que contentan más o menos a un colectivo informe, a una sociedad acomodada y pusilánime que justifica la propia absurdez e inmoralidad de las normas por las que se rige. Se podría definir como la ley que no molesta a la masa.

Y sin embargo, sí perjudica a muchos individuos que forman parte de la misma, especialmente a aquéllos con menos recursos para saltarse los obstáculos que pone la ley del Estado. Esto es así y la mayor parte de nosotros lo aceptamos. No pasa nada, el mundo ha funcionado siempre de esa guisa.

Si no fuera de esa manera, nadie entendería que la ley y su aparato administrativo estuvieran en contra del derecho legítimo a una vivienda digna de una mujer que sufre una enfermedad degenerativa –concretamente, sacroelitis degenerativa y artrosis de etiología degenerativa– y afecciones psicológicas diversas que la impiden obtener ingresos y que es a su vez madre de un chico de trece años.

Pero la realidad es que Mónica Santos sabe perfectamente que lo que hizo es ilegal, aunque fuera justo, comprensible y entendible. Y que por ello lo tiene complicado, porque se trata de ella, una insignificante ciudadana a la que las cosas no le han ido bien, contra todo un sistema lleno de armas. Pese a que cualquiera de los que ahora la miran con lupa y justifican esa ley que quiere desahuciarla, cuando no directamente la condenan sus actos, habrían hecho lo mismo en su situación.

El caso de Mónica fue dado a conocer por El Norte de Castilla hace menos de un mes. A día de hoy, continúa sin existir una solución para esta vallisoletana de 43 años que decidió ocupar ilegalmente hace un año un piso vacío, abierto –“y destrozado”, según me cuenta la protagonista, donde habían sido robadas tuberías, radiadores y otros elementos básicos para la habitabilidad– sito en la Avenida Vicente Mortes y perteneciente al parque de vivienda de protección pública de la Junta de Castilla y León.

Aunque lo primero que habría que preguntarse es por qué la Administración Pública mantiene de forma casi perpetua viviendas desocupadas en condiciones lamentables, como si no existiesen personas sin techo, urge más cuestionarse la razón por la  cual el órgano de gobierno de la comunidad está decidido a desahuciar a Mónica.

Cuando en marzo alguien informó a la Junta de la situación en la que vivía esta mujer que cobra una pensión pública no contributiva de jubilación de 368 euros al mes, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se pusieron en contacto con ella. Y se la ofreció una solución que, de no ser por la seriedad de la situación, resultaría hasta cómica de puro grotesca. Se le dijo que se fuera a vivir “con su madre, con alguna amistad o como ella crea oportuno”. En lo referente a su madre, resulta especialmente ofensivo, pues la mujer tiene alojados a la hermana de Mónica y a sus dos niños. Allí ya no cabe nadie más.

También se le comentó que se le podía ofrecer una vivienda de la propia Junta en el medio rural u otra alternativa, pero Mónica asegura que no es cierto. Que desde Fomento sólo le han comunicado que debía irse del piso de Vicente Mortes antes del 19 de agosto, que nadie le ha ofrecido nada. Por otra parte, vivir en un pueblo podría no ser lo más razonable para una persona que necesita un centro de salud cercano por la cantidad de problemas de salud que sufre, que le obligan a tomar ocho pastillas diarias y a usar un respirador nocturno, ni para su hijo, que acude al Instituto Ferrari, muy próximo al piso ocupado, donde consigue buenas notas y tiene su círculo de amistades, vital a esa edad.

Además de esto, Mónica denuncia que desde la Consejería se profirieron amenazas y se la trató de una manera insultante. Que una de las personas con las que habló llegó a decirle: “No llores, porque no te va a servir de nada”, además de advertirle de que, si no abandonaba esa vivienda, acabaría teniendo antecedentes penales y se le podía incluso retirar la pensión de jubilación.

Por su parte, la interesada ofreció a la Junta una solución justa, equitativa y razonable. Dice que ella puede pagar un alquiler social de 60 euros, como de hecho hacen otras personas de la ciudad que residen en pisos públicos sujetos a ese tipo de régimen. Sin embargo, desde la Administración se rechazó su propuesta porque se dice que está la número 67 en una lista configurada por un acto singular que dictó la propia Junta para el realojo de personas con necesidades urgentes.

Es decir, que “supuestamente hay otras 66 familias o personas peores que yo, pero no hay ningún tipo de plazo previsto ni de exigencia para que esos pisos sean adjudicados”, deduce Mónica. Podrían seguir sin un morador meses o años. Por lo tanto, cuesta creerse el mencionado criterio de urgencia, cuando el propio piso donde vive Mónica –“y otros muchos que ahí en esa zona y en otras de la ciudad”, me cuenta la afectada – estaba deshabitado y sin recibir un mantenimiento adecuado desde hacía mucho tiempo. A eso reduce la Junta la urgencia humana, a una lista y a unos números.

Mónica se expresa con total claridad y mesura, pese a la situación desesperada que está viviendo y a sus problemas psicológicos. No se trata de alguien con desarraigo crónico –lo cual, por otra parte, tampoco justificaría la actitud de la Administración–, sino una madre que se ha visto abocada a una situación de necesidad como tantas otras, sin que ella haya hecho nada para merecerlo.

Mónica trabajaba –“como limpiadora, camarera, o lo que me saliera”–, pero la salud y las circunstancias personales –su expareja y padre de su hijo la dejó– condujeron a su vida al naufragio del que ella ha intentado salir con coraje, apoyo –la casa donde vive está amueblada y equipada gracias a los regalos y a la ayuda que le prestaron personas con las que contactó a través de Facebook– y sobre todo apostando por la justicia, aun en contra de la ley.

Ahora, ella no se plantea otra solución que no sea la de quedarse en ese piso que ha transformado lentamente en un hogar. Sabe que no lo tendrá fácil, pero tampoco está sola. Luis Miguel Durán, quien fuera portavoz de la Plataforma Stop Desahucios y el Colectivo Indignado de Valladolid, ha sido uno de sus principales sostenes, al igual que otros grupos ciudadanos, que han planteado una concentración pacífica para el próximo día 16 de agosto, a las 12 del mediodía, en la puerta de la sede de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, localizada en el número catorce de la calle Rigoberto Cortejoso, de Valladolid.

También la mayoría de los partidos de la oposición en la Junta, concretamente PSOE, Podemos y Unión del Pueblo Leonés (a raíz de la publicación del caso en El Norte de Castilla) se reunieron con ella hace unas semanas y volverán a hacerlo el día 7 de agosto, en esta ocasión con el Consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para intentar reconducir la solución y encontrar una alternativa viable que satisfaga a todas las partes.

Una opción que sobre todo retire de Mónica la sensación de “injusticia absoluta” con la que está viviendo todo el proceso. Que la permita equipararse a otros ciudadanos sin recursos que, como ella, pagan un alquiler social y habitan una vivienda de protección oficial. Un tipo de inmueble que, como le han recordado por quintuplicado desde el Servicio Territorial de Fomento, entre amenazas y faltas de respeto, ha de seguir un procedimiento público de adjudicación.

Pero la necesidad no entiende de plazos, trámites ni de esperas burocráticas o arbitrarias. La necesidad es como la justicia, que se tiene o no se tiene. Y Mónica de momento sólo tiene la primera. Aunque los defensores de la ley digan lo contrario.

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2 respuestas a Cuando la ley desahucia a los justos

  1. Monica Santos Vielba dijo:

    Alber quiero darte las gracias por esta publicacion lo has clavado esa sensacion de ahogo,nerviosismo rabia e impotencia q llevo sintiendo desde q empece mi lucha ,una lucha q sirva para q me den una solucion ,y poder animar ala gente de q luchen q no se callen qué gente en mi misma situación deben de luchar por una vivienda digna. La verdad que me he identificado total en tu publicación me ha encantado estoy muy agradecida desde el fondo de mi alma eres un gran periodista y escritor gracias gracias y mil gracias

    • alber4 dijo:

      Gracias a ti, Mónica, por haberme dado la oportunidad de conocer tu historia y contarla. Espero que mi modesta aportación sirva para visualizar tu caso y que muchos tomen conciencia de él.

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