Soluciones imposibles para personas sin recursos

No acostumbro a escribir sobre un tema que acabo de tratar ni a publicar entradas sobre el mismo asunto dos semanas seguidas, pero en esta ocasión he creído conveniente hacer una excepción.

El caso de Mónica Santos lo merece. Ella lo merece. Una mujer que ha tomado una decisión tan valiente y que a primera vista un ciudadano medio podría no entender se hace acreedora a una dedicación especial. Es necesario analizar el por qué de su arriesgada determinación y poner de relieve que en el fondo era la menos mala de las alternativas. Que la Junta de Castilla y León la había dado una opción envenenada, prácticamente imposible.

Esta persona, que sufre una enfermedad degenerativa y que decidió hace un año ocupar un piso propiedad del máximo órgano de gobierno de la comunidad autónoma (mientras su solicitud  formal de recibir uno de protección pública no era atendida), ha rechazado una vivienda en régimen de alquiler que la Administración le había concedido después de que su caso generara eco mediático.

Los partidos de la oposición, concienciados con el tema de Mónica tras saltar la noticia a los medios, se reunieron con ella y con el Consejero de Fomento y de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones,  el día 7 de agosto para buscar una alternativa que fuera satisfactoria para ambas partes. La Junta quería que Mónica abandonara la vivienda de la Avenida Vicente Mortes. Ella, quedarse en la misma.

La tercera vía ofertada por el gobierno popular y aceptada de buen grado por el resto de formaciones políticas, una vivienda en Medina del Campo (localidad situada a 56 kilómetros de Valladolid), es claramente más beneficiosa para la Administración que para Mónica. Aunque aparentemente uno pueda pensar en la benevolencia de la Junta, el caramelo estaba relleno de cianuro.

Para empezar, resulta cuanto menos sarcástica la supuesta bondad de una decisión que implica “echar encubiertamente” a una ciudadana del municipio donde ha residido siempre y aún reside su familia (por ejemplo la madre de Mónica, que también está enferma) por el simple hecho de haber ocupado  una vivienda de propiedad pública, vacía y destrozada, es decir, sin haber violado el derecho a la propiedad privada de persona alguna. Ello después de que su enfermedad la impidiese trabajar de por vida y de que su expareja la dejase, como se suele decir coloquialmente, con una mano delante y otra detrás (y un hijo de doce años).

Por otra parte, y como ya comenté en la anterior entrada sobre el asunto, los problemas de salud que sufre Mónica Santos no son compatibles con su residencia fuera de Valladolid. Tiene pautadas pruebas y revisiones médicas periódicas en la capital con el neumólogo que la trata su sacroileítis degenerativa y además tiene programada una operación.

Ella no dispone de transporte propio y tan sólo recibe de pensión de jubilación no contributiva la mísera cantidad de 368 euros mensuales, que ni siquiera llega no ya al salario mínimo (ya de por sí pírrico) sino al IPREM, que es una renta de referencia que la Administración utiliza para calcular distintas prestaciones de supervivencia o para fijar rentas mínimas.

Prestaciones que son en muchos casos condenas a la miseria (y ni siquiera perpetuas porque también se agotan), a la condición de abandonados por España de la que hablé hace tiempo, como la famosa tarifa plana de 426 euros a la que se refería la enferma de cáncer Beatriz Figueroa, cuya historia también tuvo su hueco en esta Buhardilla. Mónica percibe aún menos.

Por si esto fuera poco, su hijo está matriculado en el Instituto Ferrari de Valladolid, con lo cual el ofrecimiento de la Junta implica expulsar a un menor de edad de su ambiente educativo, que conoce y en el que se siente integrado. De hecho, más allá de las dificultades para su salud, Mónica me confiesa que el motivo que más la ha impulsado a declinar la propuesta de la Junta ha sido el bienestar de su hijo.

Una oferta que parece más bien una especie de oportunidad de saldo, ni siquiera propia de las rebajas de enero, sino parecida a la de los excedentes sobrantes destinados al mercadillo. Máxime si se tiene en cuenta que la Junta de Castilla y León posee pisos en Valladolid, vacíos y esperando a que en algún momento decida adjudicarlos (proceso durante el cual se van deteriorando progresivamente).

Entretanto, sigue sin resolver la lista de espera para realojar a personas en situaciones de urgencia. Una lista en la que la afectada y protagonista de este asunto espera seguir figurando en el puesto 67 en el que constaba antes de que se la ofreciera el piso de Medina del Campo. Lo contrario sería reconocer tácitamente que la Junta de Castilla y León le ha propuesto una especie de chantaje.

En cualquier caso, el órgano de gobierno castellano y leonés no tiene publicado un listado de viviendas de su titularidad, lo cual parece que debería ser conveniente e incluso legalmente obligatorio. Como si tuviera miedo a que otros como Mónica tuvieran el arrojo necesario como para ocupar esas casas que la Administración Pública tiene muertas de asco en vez de destinarlas a satisfacer el derecho a una vivienda digna de sus administrados.

Pero no todo el mundo tiene el valor de Mónica. Ni su entereza, pese al deterioro de su salud. Aunque a partir del 25 de agosto se encuentre en una encrucijada difícil de resolver, ella sabe que encontrará una solución. Una más factible para su vida que la imposible planteada por una Administración que en España sigue viviendo de espaldas a la calle y a la realidad, una vez que desde Bruselas y desde Madrid se felicitan estos días de verano solaz para algunos por el supuesto final de la crisis financiera.