Películas cargadas de argumentos

No voy a descubrir nada a nadie si digo que en política las cosas son de ida y vuelta, que lo que ayer resultaba rotundo mañana puede desvanecerse o que muchas promesas, aunque consten por escrito, rápidamente se transforman en papel mojado. Sin embargo, hay diferentes niveles en esto de los juegos de la política, que vienen a ser como los juegos del hambre pero con menos aventura y más potencial cinematográfico. Más al estilo de “Lo que el viento se llevó”.

El caso del Instituto de Educación Secundaria de La Cistérniga, una localidad situada a cinco kilómetros de Valladolid, es un claro ejemplo de este vaivén de escenas, a veces inconexas, que derivan finalmente en un desenlace no esperado por el público, muy alejado de las felices conclusiones hollywoodienses y más próximo a un final abierto de regusto amargo.

Describiré brevemente el argumento del largometraje, aunque luego ahondaré más en él. La Junta de Castilla y León se comprometió en el año 2007 a construir un instituto de Educación Secundaria en La Cistérniga, aceptando así la reiterada demanda que le venían haciendo sus ciudadanos desde hacía tiempo. Sin embargo, fueron transcurriendo los años sin que el máximo órgano de la región emprendiese el proyecto prometido. La insistencia de los vecinos no decaía y el compromiso de la Junta, al menos de puertas para afuera, tampoco. El Ayuntamiento cambió de manos en 2011 (el PSOE sustituyó al PP), sin que aparentemente hubiese ninguna duda sobre la realización del proyecto. Pero a finales de ese año… la Junta sorprendentemente anunció que no iba a destinar ni un solo euro a la construcción del instituto ni en ese ejercicio ni el de 2013. Idéntico anuncio hizo dos años más tarde respecto a los presupuestos de 2014 y 2015.

Pero, cuando la película parecía haber finalizado y los créditos estaban ya cayendo sobre la gran pantalla, la protesta vecinal, que se había apagado durante los últimos tiempos, rebrotó con más fuerza si cabe que antaño…

Continuará.

Si en un tranquilo municipio castellano, que no llega a los 9.000 habitantes, salen un domingo por la mañana a protestar 1.000 de ellos, resulta evidente que el malestar es muy elevado. Uno piensa que existen múltiples causas en la sociedad española actual que llevan al desencanto, pero lo curioso es que ese tipo de manifestaciones, que además suelen abarcar un ámbito mucho mayor y se difunden en las redes sociales con bastante mayor profusión, no alcanzan ni de lejos una convocatoria tan elevada, si se tiene en cuenta el porcentaje de personas afectadas. En este caso, un 15% del municipio se echó a la calle el 23 de marzo para reclamar su instituto. Si además se descarta a todos aquellos habitantes de La Cistérniga que no tienen en su familia niños en edad escolar, el porcentaje de asistencia en relación con las personas afectadas aumenta todavía más. Finalmente, el amplio respaldo social a la petición queda aún más claro si se tiene en cuenta que la Comisión Pro IES Cistérniga, convocante y organizadora del acto, había renovado muy recientemente a sus miembros y llevaba apenas dos semanas informando a los vecinos de que se iba a reactivar la protesta (también impulsaron una petición pública a través de la plataforma change.org). Hoy en día las redes sociales hacen milagros a la hora de propagar una noticia, pero no es menos cierto que hace falta una llama previa.

En este caso la hay y además se ha avivado. La chispa viene de lejos y ha habido muchos elementos de combustión, como he podido saber tras hablar con todas las partes implicadas y haber examinado el expediente del asunto.

Para empezar, hay que decir que la Junta de Castilla y León se comprometió en 2007 a construir el instituto utilizando mucho más que palabras. Se obligó políticamente a través de declaraciones escritas y jurídicamente por medio de asignaciones presupuestarias. El propio presidente del gobierno regional, Juan Vicente Herrera, garantizó formalmente que la Junta llevaría a cabo el proyecto. Existe una carta de fecha 10 de enero de 2007 dirigida al Ayuntamiento de La Cistérniga y firmada por Virginia Arnáiz González, Jefa del Gabinete de Presidencia, en la que se recoge de forma clara y firme el compromiso de Herrera de que se construiría el instituto. Ya una semana antes, el que era Consejero de Educación en aquel momento, Francisco Javier Álvarez Guisasola, había prometido públicamente que el centro educativo estaría finalizado para el curso 2009/2010.

Además de estas declaraciones, la Junta de Castilla y León realizó asignaciones presupuestarias en los ejercicios de 2008, 2009 y 2010 (por cuantía de 200.000, 350.000 y 750.000 euros respectivamente, lo cual más o menos equivalía a la mitad del coste total estimado –unos 3.750.000 euros–), en las que figuraba claramente como concepto “IES Cistérniga”. Ni uno sólo de esos euros fue empleado para el diseño del proyecto ni para el comienzo de las obras. Se había interpuesto por el camino un pleito en relación a la titularidad de los terrenos donde inicialmente se iba a construir el centro y posteriormente hubo problemas de coordinación entre ambas administraciones (el Ayuntamiento y la propia Junta) en relación a la cesión de los nuevos terrenos y a la actuación sobre los mismos. Según la versión de la Consejería, “no se daban las condiciones técnicas, por eso no se comenzó el proyecto aunque estuviera recogido en los presupuestos”. Parece que el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP, no realizó las tareas requeridas por la Junta para la urbanización de la parcela donde se levantaría el instituto, pero en 2011, cuando se hizo cargo de la alcaldía el socialista Mariano Suárez Colomo, el consistorio del pueblo subsanó esta situación. Se gastó más de 600.000 euros, de los cuales en torno a 200.000 provenían de fondos propios (dinero que recientemente ha reclamado por vía judicial) y más de 400.000 de planes provinciales (Diputación y Junta).

Sin embargo, pese a que las obras se habían terminado, la Consejería de Educación no reaccionaba. Según el órgano regional, el Ayuntamiento no lo comunicó debidamente, afirmación que no se ajusta a la realidad, puesto que en el expediente figura claramente la comunicación, realizada en junio de 2011. O hubo un traspapeleo en las oficinas de la corporación autonómica o bien esta hizo oídos sordos, sabiendo ya en ese momento lo que confirmaría meses más tarde, en noviembre, el nuevo Consejero, Juan José Mateos: que no habría IES Cistérniga… Al menos, por el momento.

El motivo, la falta de dinero y los duros requisitos de déficit impuestos desde el gobierno central a las CCAA (estos aún no se habían fijado cuando se transmitió la primera negativa).

Desde la Junta, dejan un horizonte muy pesimista para los vecinos del pueblo. Al alcalde le dijeron que no se asignaría dinero ni en los presupuestos de 2014 ni en los de 2015, pero a mí me transmiten un futuro aún más incierto para el proyecto. “No hay dinero ni se trata de una prioridad, ya que no existe una necesidad urgente”, declaran desde la Consejería. “Hay muchas plazas libres en los institutos de Valladolid capital, que sólo dista unos kilómetros de La Cistérniga y además la Junta paga el transporte”, añaden. Esto es otro de los puntos que le generan incomprensión al alcalde del municipio vallisoletano, dado que el argumento esgrimido es el recorte del gasto público. “Resulta difícil hacer los cálculos, pero la previsión es que en pocos años el número de alumnos se duplique y eso supone un gasto elevadísimo en autobuses”, advierte. Sin embargo, la Junta no lo ve así, aunque no dispone de datos concretos a este respecto. “En cualquier caso, no es comparable con el coste que supone hacer el instituto”, remarcan, en contra de la opinión del edil.

Y es que para Mariano Suárez los motivos que justifican el retraso continuado a lo largo de los años en la construcción del IES no tienen nada que ver con el dinero. “Yo no puedo asegurar cuáles son, pero tengo varias teorías”. Una de estas es la misma que defiende la Comisión Pro Instituto Cistérniga y que apunta al escandaloso descenso de plazas que sufrirían los centros de Valladolid asignados a los chicos y chicas de La Cistérniga (los tres que hay en el barrio de Las Delicias), lo cual obligaría a cerrar alguno de ellos. Desde la Junta, rechazan frontalmente este argumento. “Lo único que ocurriría es que descendería el ratio de alumnos por clase, nada más”. He intentado averiguar si es cierto el dato que aporta la Comisión acerca de que el 80% del alumnado matriculado en el IES Arca Real de Valladolid está empadronado en La Cisténiga. Sin embargo, la Consejería de Educación no quiere confirmar ni desmentir por el momento ese extremo, “pues en los próximos días hay planteada una pregunta parlamentaria que afecta a la cuestión y hasta que no se resuelva, no puede facilitarse información al respecto”. Sorprende este oscurantismo, porque se trata de un dato fundamental que aclararía bastante el asunto en una u otra dirección. Aparentemente, invita a pensar que los miembros de la Comisión no andan desencaminados en cuanto a su estimación.

Por su parte, la Junta de Castilla y León, aunque asegura respetar y comprender la reivindicación de los vecinos, va más allá en su justificación de la falta de necesidad del proyecto que se reclama. “No todos los padres del pueblo escogen la enseñanza pública para sus hijos, así que, aunque hubiese instituto, habría algunos que seguirían viniendo a Valladolid a colegios concertados o privados, por lo que se podría correr el riesgo de gastar un dinero que no se tiene y encima para que no estuviera más que a la mitad de su capacidad”. Posición que no comparte en absoluto el alcalde de La Cistérniga, que la considera una mera hipótesis sin fundamento ante la falta de oferta de una enseñanza pública “al lado de casa”. Además, Mariano Suárez aprovecha para lanzar una puya a la subvención de la enseñanza concertada desde la Administración Pública. “Lo que no se puede entender es que se gasten dinero en conciertos mientras se niegan a emplearlo para construir un instituto público”. Hay que aclarar a este respecto que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de La Cistérniga, incluido el propio Partido Popular, respaldan la reivindicación del IES, hasta el punto de que llegaron a solicitar por escrito una reunión con Juan Vicente Herrera, “petición que hasta ahora no ha sido concedida, aunque sí respecto al consejero”, puntualiza el primer edil.

Pero, si hay una queja que sobresale sobre todas las demás entre los vecinos del municipio vallisoletano, es la del agravio comparativo que consideran que padecen con respecto a las demás localidades de la región. He contrastado este punto en concreto y lo cierto es que los datos dan la razón de forma contundente a los vecinos de La Cistérniga.

En primer lugar, la inmensa mayoría de los pueblos de Castilla y León que cuentan con un número de habitantes igual o superior a 3.000 (La Cistérniga ronda los 9.000 y se tiene previsión de que crezca bastante en los próximos años –su alcalde insiste que “viven muchas parejas jóvenes, en cuatro años se va a doblar el número de niños, ahora mismo hay 350”–) gozan al menos de un instituto público en su término municipal. Los únicos casos parecidos al de La Cistérniga son el de Villaquilambre, limítrofe con la capital leonesa, y Arroyo de la Encomienda, también localidad colindante con Valladolid.

Pese a lo que pueda parecer, este dato del área metropolitana por sí mismo no es determinante, ya que por ejemplo Laguna de Duero (Valladolid) cuenta con dos IES por falta de uno (tiene casi el triple de población que La Cistérniga). De hecho, en Arroyo hubo también la misma demanda, pero su práctico alcalde Juan Méndez tiró por la calle del medio y decidió proyectar en 2012 un centro concertado que albergase Secundaria, lo cual generó mucho revuelo, sobre todo porque los terrenos fueron cedidos a la Fundación Arenales, próxima al Opus Dei. Sin embargo, la adjudicación del centro por parte de la Junta nunca se llevó a efecto, por lo que continúa sin haber Enseñanza Secundaria en Arroyo de la Encomienda. En cualquier caso, el primer edil de La Cistérniga recuerda que no son casos totalmente comparables, “porque Arroyo ha crecido muchísimo en los últimos años y la necesidad es relativamente nueva, mientras que aquí viene de hace mucho tiempo”.

Si se buscan ejemplos concretos, se encuentran situaciones que cuanto menos llaman la atención. Cigales, a unos 10 kilómetros de Valladolid y apenas 5.000 habitantes, ostenta IES propio. Arcos de Jalon, localidad soriana que ni siquiera llega a los 2.000 habitantes, también lo tiene; idéntico caso es el de Melgar de Fernamental (Burgos). El municipio zamorano de Toro, que cuenta con algo menos de 10.000 personas censadas (poco más que La Cistérniga), tiene no uno, sino dos institutos, al igual que Tordesillas (Valladolid). Tan sólo 10 kilómetros separan a Dueñas de Venta de Baños, en Palencia, y los chavales que viven en aquella localidad pueden cursar Secundaria sin necesidad de desplazarse al Instituto Recesvinto, sito en la segunda, porque tienen aulas de Secundaria dependientes de este último centro…

Se podría elaborar una lista muy larga de ejemplos que confirman el claro trato desfavorable que desde hace años la Junta viene dispensando a La Cistérniga (y a Villaquilambre y a Arroyo). Pero el más llamativo quizá es el de Villamuriel del Cerrato, municipio de 6.500 habitantes que los palentinos consideran un barrio más de la capital. No sólo tiene instituto público, sino que además goza de un centro concertado por la Junta donde también se imparte Secundaria.

Toda la información anterior ha sido extraída del propio portal de Educación de la Junta de Castilla y León, así como de la página del Instituto Nacional de Estadística.
Pero incluso si no se consideraran todos estos abrumadores datos, lo que queda claro en este debate de posturas enfrentadas, declaraciones yuxtapuestas y argumentos divergentes, es que la Junta de Castilla y León utiliza como pretexto la crisis para incumplir un compromiso que había adquirido antes de que esta estallara y de que Bruselas impusiera objetivos de déficit que castran casi cualquier actuación que implique gasto público.

Hasta qué punto esto resulta legítimo políticamente es algo que cada uno entenderá como le parezca (para mí deja en evidencia una vez más la falta de credibilidad de la política en general), pero lo que sí resulta incontestable es que existían asignaciones presupuestarias que jamás se emplearon y que podrían perfectamente haberse guardado, en el caso de que se dé por válido el argumento que parece esgrimir la Junta sobre la inacción del Ayuntamiento (gobernado por el PP) durante el período en el que sí se podía todavía gastar (pese a que curiosamente el país ya estaba en plena depresión). Las partidas presupuestarias, sobre todo las vinculadas a gastos finalistas (aquellos destinados a una actuación concreta), son algo muy serio que desafortunadamente las Administraciones Públicas han manejado a su antojo sin ningún tipo de control ni de responsabilidad.

Este es solo un ejemplo más, pero resulta especialmente gravoso en tanto en cuanto lo que se está degradando es la calidad educativa de los menores de edad. Independientemente de que la realización del IES no suponga una necesidad imperiosa ni de extraordinaria urgencia –condición que en sentido estricto es aplicable a muy pocas cosas–, lo cierto es que no parece justo que una alumna o un alumno de La Cistérniga tenga que realizar todos los días un trayecto de más de media hora en autobús cuando resulta objetivo que en la población existe una demanda suficiente que justifica la construcción de un centro de Secundaria. Igualmente parece discriminatorio el hecho de que, por el mero hecho de vivir en La Cistérniga y al llegar a un nivel concreto en la realización de sus estudios obligatorios –recordemos que se habla de Secundaria, no de Bachillerato, Ciclos Formativos o Universidad, que son etapas educativas voluntarias–, los chicos se vean obligados a dejar su entorno habitual y más de uno a separarse de los compañeros y amigos con los que ha cursado la Educación Primaria (eso dependerá del instituto de Valladolid en el que se les conceda plaza), lo cual, aunque pueda sonar algo ñoño, es un privilegio –si bien cada vez más en desuso– que sólo se valora correctamente a toro pasado.

Tampoco parece muy proclive a los planes de conciliación de la vida familiar y laboral de los que tanto le gusta presumir a la Junta el hecho de que los padres de dichos estudiantes tengan más dificultades para compaginar sus horarios laborales que los padres de la capital, especialmente aquellos que tengan jornada partida. La combinación de los treinta minutos que los chicos tardan a mayores en regresar a sus casas a la hora de comer con los treinta minutos de adelanto con los que sus padres han de salir hacia sus trabajos resulta mortal de necesidad para la convivencia familiar. A un madrileño tal vez esto le suene a chino, ya que allí están acostumbrados a ese tipo de desmanes horarios, pero por estos lares todavía existe gente que puede y quiere comer a diario con sus hijos.

En definitiva, estamos aquí ante un supuesto en el que las decisiones –o las indecisiones – políticas, bien vengan motivadas por estrangulamiento financiero o por otros motivos, acaban perjudicando aún más a la gente que decide trasladarse a los núcleos rurales. Tal vez al final sea eso lo que subyace de fondo, la clásica rivalidad entre la capital y los municipios de su alfoz, que en Valladolid sería argumento de toda una saga de películas (con continuación). Pugna en la que aquella trata de mantener o aumentar su capacidad de absorción de población y dar el máximo uso posible a sus equipamientos y servicios, mientras que los habitantes de sus pueblos limítrofes optan por un modelo de vida más tranquilo (y barato) que el de la capital, pretendiendo fijar un entorno familiar estable en el que sus hijos puedan crecer, establecer relaciones y echar raíces sin incomodidades añadidas.

Pero en los tiempos que corren, de globalización desmedida, desarraigo a todos los niveles y emigración forzosa, esto último sí que suena realmente a chino.

(Todas las imágenes son de autoría propia).